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Normas nacionales de contrataciones públicas durante la emergencia sanitaria
07/05/2020

 

 

El Covid-19 o “Coronavirus”, la consiguiente declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Emergencia Pública en materia sanitaria dispuesta por las autoridades estatales impactan en forma directa en las contrataciones públicas y sus procedimientos.

El propósito de este informe es brindar un panorama general sobre los principales hitos normativos en materia de contrataciones públicas en el orden nacional, que tuvieron lugar en el marco de la actual emergencia sanitaria y la pandemia generada por el Covid-19. La información que a continuación se describe fue recopilada del Boletín Oficial de la Nación.

Se hace saber que contiene exclusivamente normas de carácter federal, específicamente relacionadas con la materia contrataciones públicas estatales, sin perjuicio de lo cual se aclara que existe gran cantidad de normas y regulaciones, tanto nacionales como provinciales y municipales, dictadas en el marco de la emergencia sanitaria actual, que exceden el ámbito de análisis objeto del presente.

Se espera que, dado la dinámica de los acontecimientos de público conocimiento y las medidas que se encuentran siendo tomadas por el Estado Nacional, se dicten nuevas normas continuamente y se vayan generando sucesivas actualizaciones.

1.- De modo preliminar, debemos recordar que la Ley N° 27.541 de “Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública” (publicada en el Boletín Oficial del 23 de diciembre de 2019) declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2020, delegándose en el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) las facultades allí comprendidas.

2.- En ese marco y de acuerdo a las bases de delegación establecidas en la mencionada ley, el PEN dictó el Decreto N° 260/2020, (publicado en el Boletín Oficial del 23 de diciembre de 2019) mediante el cual, en virtud de la Pandemia declarada por la OMS, amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541 por el plazo de un año a partir del 12 de marzo de 2020, fecha de entrada en vigencia del Decreto. Asimismo, facultó al Ministerio de Salud, como autoridad de aplicación, a efectuar la “adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios para atender la emergencia, en base a evidencia científica y análisis de información estratégica de salud, sin sujeción al régimen de contrataciones de la administración nacional”. En todos los casos dispuso que debe procederse a su publicación posterior.

3.- Mediante  el Decreto N° 287/2020, (publicado en el Boletín Oficial del. 18 de marzo de 2020) el PEN modificó lo dispuesto por el Decreto Nº 260/2020 y estableció que durante el plazo que dure la emergencia, las jurisdicciones, organismos y entidades comprendidos en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley Nº 24.156, estarán facultados para efectuar la contratación directa de bienes y servicios que sean necesarios para atender la emergencia, sin sujeción al régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional o a sus regímenes de contrataciones específicos. En todos los casos debe procederse a su publicación posterior en la página web de la Oficina Nacional de Contrataciones y en el Boletín Oficial. Asimismo, determinó que corresponde al Jefe de Gabinete de Ministros establecer los principios y pautas que regirán el procedimiento de contrataciones de bienes y servicios en el contexto de la emergencia decretada.

4.- Con relación a ello, el Jefe de Gabinete de Ministros emitió la Decisión Administrativa N° 409/2020 (publicada en el Boletín Oficial del. 18 de marzo de 2020), a través de la cual estableció el “Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios en el marco de la emergencia plasmada en el Decreto N° 260/2020” y limitó la utilización de dicho procedimiento exclusivamente a las contrataciones de bienes y servicios requeridos en el marco de dicha emergencia, debiendo ser debidamente fundado en el expediente de la contratación. También, estableció que “los principios generales a los que deberá ajustarse la gestión de los procedimientos de selección bajo el Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios en la Emergencia, que se lleven a cabo para atender la emergencia en el marco de lo establecido en el Decreto N 260/2020, serán los enumerados en el artículo 3º del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional aprobado por el Decreto N 1023/2001”.

Asimismo, en el marco del Procedimiento mencionado, entre otras cosas, estableció: (i) la obligación de invitar al menos a tres proveedores inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) asociado al Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional (COMPR.AR); y (ii) la obligación de requerir a la SIGEN, con carácter de prioritario y mediante el Sistema de Precios Testigo Web de dicho Organismo, precios testigo o valores de referencia de los bienes y servicios a adquirir cuando el monto estimado del procedimiento sea igual o superior al establecido en la Resolución SIGEN N° 36/17.

Por último, es dable señalar que los principios rectores del Procedimiento serán los siguientes: razonabilidad y eficiencia; promoción de la concurrencia de interesados y competencia de oferentes; transparencia en los procedimientos; publicidad y difusión de las actuaciones; responsabilidad de los funcionarios que autoricen, aprueben o gestionen las contrataciones; igualdad de tratamiento para interesados y para oferentes.

5.- Posteriormente, la Oficina Nacional De Contrataciones (ONC) en su carácter de Órgano Rector del Sistema Nacional de Contrataciones, dictó la Disposición N° 48/2020, (publicada en el Boletín Oficial de 20 de marzo de 2020) mediante la cual se estableció un procedimiento complementario al establecido en la Decisión Administrativa N° 409/2020, aprobándose los pasos a seguir en la implementación práctica de los procedimientos de selección para la contratación de bienes y servicios en el marco de la emergencia.

6.- A su vez, la Comunicación General ONC Nº 7/2020 con fecha 31 de marzo de 2020 suspendió las desactualizaciones de estado de los proveedores del SIPRO asociado el COMPRAR hasta el 31 de julio de 2020. Para así decidir entendió que tanto la normativa general de contrataciones, como la dictada en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria -ampliada por el Decreto N° 260/2020-, requieren que los proveedores (salvo algunas excepciones) se encuentren inscriptos y con los datos actualizados, en ciertos casos, al momento de la emisión del dictamen de evaluación, y en otros, al momento de la adjudicación.

7.- Por su parte, el Decreto N° 338/2020 (publicado en el Boletín Oficial del 5 de abril de 2020) aprobó el “Procedimiento de Contingencia”, para ser utilizado frente a eventuales fallas en el modulo Generador Electrónico de Documentos Oficiales (GEDO) del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) o en cualquier otro soporte que requiera el uso de documentos digitales, a los fines de garantizar la firma en soporte papel y en forma ológrafa de los actos administrativos o comunicaciones al Honorable Congreso de la Nación y su eventual publicación en el Boletín Oficial de la Republica Argentina.

De este modo, se modifica la Ley N° 25.506 sobre firma digital, la implementación del Sistema de Gestión  Electrónica implementado por el Decreto N° 561/2016, la Resolución N° 43/2019 de la Secretaría de Modernización Administrativa y el Decreto N° 50/2019 sobre la Estructura Organizativa de la Administración Pública Nacional.

8.- Por otro lado, la Decisión Administrativa N° 472/2020 (publicada en el Boletín Oficial del 07 de abril de 2020) estableció, entre otras cosas, que en los procesos de compra que se lleven a cabo para atender la emergencia en el marco del “Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios” establecido por la Decisión Administrativa N° 409/2020, “no podrá en ningún caso abonarse montos superiores a los Precios Máximos establecidos por la Resolución de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo N° 100/20 o aquellos que se dispongan en el futuro”.

9.- La Disposición ONC N° 53/2020, (publicada en el Boletín Oficial del 11 de abril de 2020)  modificó determinados requisitos y pasos a seguir en la implementación práctica del Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios en el marco de la Emergencia.

10.- La Resolución N° 26/2020 del Ministerio de Obras Públicas (publicada en el Boletín Oficial del 21 de abril de 2020) estableció que las presentaciones, solicitudes, escritos, notificaciones, comunicaciones, que impliquen, en forma total o parcial, la concurrencia presencial a las áreas de mesa de entrada o de despacho, en el ámbito del Ministerio de Obras Públicas y sus entes descentralizados, podrán ser realizadas a través de las distintas soluciones de tramitación electrónica comprendidas en el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).

11-. Mediante la Disposición ONC N° 55/2020 (publicada en el Boletín Oficial del 23 de abril de 2020) se adecuó la Disposición ONC N° 48/2020 a fin de regular con mayor especificidad los pasos a seguir en aquellos casos en que los organismos opten por utilizar el sistema electrónico de contrataciones para convocar a interesados en participar del Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios en el marco de la emergencia aprobado por la Decisión Administrativa Nº 409/2020.

12.- Como último antecedente normativo de relevancia, el Decreto N° 408/2020 (publicado en el Boletín Oficial del 26 de abril de 2020), entre otras cosas, prorrogó hasta el día 10 de mayo de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 297/20 y del art. 2° del Decreto N° 325/20.

13.- Con respecto a los plazos administrativos, mediante el Decreto Nº 298/20 (publicado en el Boletín Oficial del 20 de marzo de 2020) el PEN suspendió el curso de los plazos, dentro de los procedimientos administrativos regulados por la Ley N° 19.549, por el Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto 1759/72 - T.O. 2017 y por otros procedimientos especiales, a partir de su publicación y hasta el 31 de marzo de 2020, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos o que se cumplan.

14.- Dicho plazo fue prorrogado mediante el Decreto N° 327/2020 (publicado en el Boletín Oficial del 31 de marzo de 2020), y luego por el Decreto N° 372/2020 (publicado en el Boletín Oficial del 14 de abril de 2020) extendiéndose la suspensión hasta el 26 de abril de 2020 inclusive. En todos ellos se indicó que la suspensión de términos no alcanza a los trámites administrativos vinculados con la emergencia sanitaria declarada por la Ley N° 27.541, oportunamente ampliada por el Decreto N° 260/2020.

15.- Por último, mediante el Decreto N° 410/2020 (publicado en el Boletín Oficial del 26 de abril de 2020) se prorrogó la suspensión del curso de los plazos señalados desde el 27 de abril hasta el 10 de mayo de 2020 inclusive y se exceptuó de la suspensión establecida a todos los trámites administrativos relativos a la emergencia declarada por la Ley N° 27.541.

Para obtener mayor información sobre las normas nacionales originadas a partir de la pandemia por el nuevo coronavirus COVID- 19, se puede acceder al siguiente link:

http://www.saij.gob.ar/docs-f/generales/digesto_emergencia_sanitaria_coronavirus.pdf

 

Por: Claudia Beatriz Deni y Santiago Fonseca