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Impugnación de actos licitatorios

En efecto, para asegurar los principios que exige la buena administración en materia de contrataciones públicas, entendemos esencial  que no sean las mismas autoridades comprometidas –y urgidas en con esa “anómala celeridad” o “carrera por firmar los contratos”- por el procedimiento licitatorio –las más de las veces bajo un criterio formal y adversarial que impide desentrañar la verdad objetiva-, quienes resuelvan tales planteos de los interesados, oferentes e inclusive contratistas, sino otras autoridades, que con independencia y objetividad atiendan fundadamente todos los intereses que confluyen en el caso.   

29/03/2021

1.- La contratación pública y la regla de la licitación pública.

Con la finalidad de atender las funciones a su cargo, y en ejercicio del poder público que permite cumplir estratégicamente las políticas públicas[1], los Estados cuentan con regímenes de contrataciones que regulan la adquisición de los bienes, obras y servicios que requieren, a lo cual suele denominarse su sistema de “compras públicas”, “de compras y contrataciones públicas”, o directa y más precisamente de “contrataciones públicas”[2].

En nuestro país, la regulación de la contratación pública corresponde a cada una de las jurisdicciones estatales: nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. Tal es lo que sucede cuando se trata de vínculos contractuales de naturaleza administrativa, en los cuales una provincia actúa en carácter y utilizando facultades de poder administrador, conforme su propia normativa[3].

Esos regímenes se caracterizan por regular el ciclo completo de la contratación, comprensivo de las distintas fases de ésta, principalmente la de selección de oferentes y la de celebración y ejecución de contratos[4], universo que constituye la “contratación pública”.

La contratación pública presenta una enorme importancia desde el punto de vista económico, jurídico y social en cada Estado. Así, pues, bien se ha dicho que la contratación pública “Supone una radiografía de la situación material en la que se desenvuelve el Estado de Derecho de cualquier país democrático avanzado”[5].

Tal como ha sostenido la Corte Suprema, citando a Alejandro García Nieto, El Estado, cualquiera que sea su forma, se demuestra funcionando. Y el gran tema es el de funcionar bien, o mal: ahí se juega su destino y no en los relumbrantes principios que pueden encubrir la miseria real de una Administración con servicios ineficaces. El Estado tiene que ser justo..., pero también ha de ser eficaz, de tal forma que si no realiza prestaciones adecuadas, de nada servirán las construcciones políticas que la Constitución refleje" [6].

Asimismo, aplica especialmente a la contratación pública el principio de “Buena Administración”, contenido en la “Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública” (“CIDDC”)[7], en virtud del cual, por ejemplo, rigen sus principios constitutivos de publicidad y claridad de las normas, de los procedimientos y del entero quehacer administrativo; de seguridad jurídica, de previsibilidad, claridad y certeza normativa, de proporcionalidad las decisiones administrativas, de ejercicio normativo del poder, etc.

En el mismo sentido, tal como sostuviera MEILÁN GIL en función de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero, la buena administración de la contratación pública consistirá en el cumplimiento de principios tales como la transparencia y publicidad de los actos licitatorios; la proporcionalidad en la imposición de requisitos de participación de las PYME; eficiencia con sostenibilidad –medioambiental y social- como criterio de adjudicación; la diligencia, para prever eventuales modificaciones contractuales; e integridad, con contenida ético y anticorrupción; y principios equivalentes, todos los cuales tienen suficiente densidad para ser invocados jurisdiccionalmente[8]. Es decir, son parte ya del ordenamiento jurídico.

A su vez, la licitación pública es claramente la regla de la contratación pública[9].  En nuestro sistema se ha entendido derivado de la Constitución Nacional (arts. 14, 16, 42 y 75 inc. 22) que la contratación pública  como regla general debe instrumentarse mediante un principio de selección abierto y reglado, de licitación o semejante, que resguarde la concurrencia en igualdad de condiciones, idoneidad, legalidad, ética y conveniencia en el manejo de fondos públicos[10].

Luego, las distintas leyes –y decretos con igual sustancia- que regulan la contratación de la Administración Pública nacional establecen claramente que la regla es la licitación o concurso públicos conforme surge de diversas normas de jerarquía legal, tales como el art. 24 del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional contenido en el Decreto 1023/01 (“RCAN”); el art. 10 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Decreto 1030/16 (“RRCAN”); el art. 9º de la Ley de Obras Públicas N° 13.064 (“LOP”); el art. 4º de la Ley  de Concesión de Obra Pública 17.520 (“LCOP”); el art. 18 de la Ley de Reforma del Estado 23.696 (“LRE”); el art. 12 de la Ley de Contratos de Participación Público Privada N° 27.328 (“LCPPP”) y el art. 6º del Régimen Nacional de Iniciativa Privada aprobado por Decreto 966/05 (“RNIP”).

En la última reforma al RRCAN se ha afirmado el carácter de principio general y primario de la licitación pública: Que en nuestro ordenamiento jurídico la modalidad de contratación por medio del procedimiento de licitación pública constituye el principio general y primario para las contrataciones en la Administración Pública, de conformidad con lo previsto en el Decreto N° 1023/01, sus modificatorios y complementarios por el que se estableció el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional”[11].

A tenor de la jurisprudencia, de la Constitución Nacional surgen principios de aplicación que rigen a toda contratación pública, tales como Publicidad, Igualdad, Concurrencia y Razonabilidad, y, que de esos principios constitucionales se deriva la licitación o el concurso público como regla general en las contrataciones del Estado[12].

En igual sentido la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que se aprobara por Ley 26.097 (“CNUCC”)[13] para regir en nuestro país, instituye que el Estado de conformidad con los principios fundamentales del ordenamiento jurídico, debe establecer un sistema apropiado de contratación pública, basado en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones[14].

Además de ello, esta regla se entiende consagrada en el Protocolo de Compras Públicas del Mercosur aprobado por la Decisión del Consejo del Mercado Común  Nº 37/17 (“PCPM”), en el Capítulo de Contrataciones públicas del Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea de 2019, en las constituciones de varios países iberoamericanos[15], en la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI)[16] sobre la Contratación Pública  y también es adoptada por entidades de derecho público internacional, organismos multilaterales de crédito, etc.

2.- El procedimiento licitatorio

Tal como se ha sostenido en doctrina y lo ha receptado la jurisprudencia, la licitación pública es un modo de selección de contratistas de entes públicos, en ejercicio de la función administrativa, por medio del cual éstos invitan públicamente a una cantidad indeterminada de posibles interesados para que con arreglo a los pliegos de bases y condiciones pertinentes, formulen propuestas de entre las cuales se seleccionará la más conveniente al interés público[17].

Se trata, pues, de un procedimiento administrativo especial, es decir, una de las especies que componen el género "procedimiento administrativo", en tanto la licitación pública traduce una secuencia, ordenada y metódica, de diversas etapas o estadios -que se estiman entre 6 y 20-, con antecedentes y consecuentes, que se articulan hasta llegar al resultado final, dado por la celebración del contrato administrativo[18].

Por ese motivo, se entiende que la licitación adopta para sí los principios propios que en general imperan en todo procedimiento administrativo, a los que se les agregan algunos otros que resultan específicos de este particular modo de selección del co-contratante del Estado[19].

Las normativas de contrataciones suelen establecer los principios generales que rigen para toda la gestión de esa materia –no solo para la licitación pública-, tal como por ejemplo lo hace el RCAN al listar la razonabilidad del proyecto y eficiencia de la contratación para cumplir con el interés público comprometido y el resultado esperado; la promoción de la concurrencia de interesados y de la competencia entre oferentes; la transparencia en los procedimientos; la publicidad y difusión de las actuaciones;  la responsabilidad de los agentes y funcionarios públicos que autoricen, aprueben o gestionen las contrataciones; la igualdad de tratamiento para interesados y para oferentes[20]. Más actualmente el PCPM establece los principios de transparencia, legalidad, objetividad, imparcialidad, igualdad, debido proceso, publicidad, concurrencia “y los demás principios que concuerden con ellos”[21].

Sin perjuicio de ello, específica y tradicionalmente se han destacado tres principios de especial importancia para la licitación pública: publicidad, concurrencia e igualdad[22].

Para lo que aquí interesa, entendemos que el acto administrativo de alcance general va dirigido a una pluralidad de destinatarios, y, es reglamento en cuanto además presente un contenido normativo, es decir, cuando importa más  tal contenido que el destinatario, de modo que se trate de una nueva regla que la Administración inserta en el ordenamiento jurídico con vocación de permanencia.  

El acto administrativo, por su parte, es aplicación de reglas (“bloque de juridicidad”) con alcance individual y efectos jurídicos directos que cambian el status del destinatario. Y dentro de esta categoría, aparece el llamado “acto plúrimo”, acto administrativo de alcance individual que concentra, acumula, reúne, refunde en sí mismo una cantidad de actos administrativos particulares, donde los destinatarios están vinculados entre sí, tal como se verá sucede por ejemplo en el acto de adjudicación y que pone fin al procedimiento licitatorio[23].

A ello sumamos los “actos de administración”, preparatorios de decisiones administrativas y que no están destinados a producir efectos jurídicos en forma directa e inmediata, tal como el caso de los informes y dictámenes[24].

En orden jerárquico, constituyen reglamentos tanto la normativa infra legal de contrataciones, tal el RRCAN y el Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional (“MPRCAN”[25]), cuanto el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (“PUByCG”[26]), en tanto todas normas permanentes. Luego, dentro de la misma categoría de acto administrativo de alcance general, pero no perdurable en el ordenamiento, se ha señalado al Pliego de Bases y Condiciones Particulares (“PByCP”)[27], situación que sería análoga a la del Pliego de Especificaciones Técnicas.

El Pliego –de modo integral- es considerado como la  ley  de la licitación y del  contrato,  pues  es  en  él  donde  se especifican  el  objeto  de  la  contratación  y  los  derechos y obligaciones    del   licitante,   de   los   oferentes   y   del  adjudicatario,  con  las  notas  de  aclaración  que  en  el caso correspondan[28].

En el propio RCAN[29] se incorpora un listado de actos administrativos, a los efectos de recordar especialmente que deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 7° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 (“LNPA”) : La convocatoria y la elección del procedimiento de selección; la aprobación de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares; la declaración de que el llamado hubiere resultado desierto o fracasad; la preselección de los oferentes en la licitación con etapa múltiple; La aplicación de penalidades y sanciones a los oferentes o cocontratantes; la aprobación del procedimiento de selección y la adjudicación; la determinación de dejar sin efecto el procedimiento; la revocación de los actos administrativos del procedimiento de contratación; la suspensión, resolución, rescisión, rescate o declaración de caducidad del contrato.

Respecto de la adjudicación, pero en criterio aplicable a los demás actos licitatorios, la Corte Suprema ha destacado que las distintas formalidades de que se reviste dicho acto constituyen verdaderas garantías para los intereses en juego, tanto los públicos de Ia Administración como los privados, de los proponentes[30].

En materia de “actos de administración”, cabe mencionar al “proyecto de Pliego” que puede ser expuesto a observaciones por parte de los interesados[31]; los proyectos de todos los actos administrativos indicados en el párrafo anterior[32] y muy especialmente, la preadjudicación o dictamen de evaluación. Sobre este último se ha especificado que efectivamente es un simple acto de la administración, un acto o medida preparatoria o de trámite, una etapa del procedimiento; que no constituye un acto administrativo[33], no tiene carácter vinculante y su objetivo es proporcionar a la autoridad competente para adjudicar los fundamentos para el dictado del acto administrativo con el cual concluirá el procedimiento[34].

3.- Impugnación de actos licitatorios.

Impugnar significa hacer valer una objeción, refutación o contradicción por parte de uno de los interesados en el procedimiento licitatorio[35]. Procede respecto de actos de alcance general o particular, estando como principio excluidos los actos de administración, salvo que la normativa de contrataciones así lo especifique[36].

Así, entonces, el recurso administrativo es el medio idóneo para impugnar la decisión de la administración con el fin de lograr en sede administrativa, la modificación o revocación del acto decisorio definitivo y que puede lesionar derechos subjetivos[37], siendo solo procedente contra actos administrativos y no contra un dictamen, informe o providencia, los cuales no producen efectos jurídicos con relación a los administrados[38], por lo cual no les causan agravios[39].

Por su parte, las observaciones revisten el carácter de una mera colaboración de legalidad con la Administración, un medio para la mejor formación de la voluntad del órgano competente para el dictado del acto administrativo que habrá de consagrar la decisión que se adopte al respecto[40], pero que ciertamente puede traslucir también una disconformidad jurídica con un acto emitido por la Administración.

El RCAN remite a la reglamentación la previsión de “cuáles actuaciones podrán ser susceptibles de observaciones o impugnaciones, el trámite que se dará a ellas y los requisitos para su procedencia formal”[41], aún cuando aquélla, como veremos, se ha ocupado más de las segundas que de las primeras (ciertamente importantes y previstas en la norma superior).

Así, el RRCAN establece que contra los actos administrativos que se dicten en los procedimientos de selección, se podrán deducir los recursos previstos en la LNPA y sus normas reglamentarias[42], y que es impugnable el dictamen de evaluación[43], previéndose las garantías que al efecto deberán constituir los oferentes tanto para este caso cuanto para la impugnación del “dictamen de preselección”[44].

Es interesante mencionar que en el RRCAN también se faculta a la Oficina Nacional de Contrataciones (“ONC”), órgano rector del  sistema de contrataciones de la Administración nacional, a “Establecer un mecanismo de solución de controversias entre las jurisdicciones y entidades contratantes y los proveedores, para la resolución de los conflictos que surjan entre las partes durante el procedimiento de selección, la ejecución, interpretación, rescisión, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato”[45], aspecto que  lamentablemente no ha tenido mayor desarrollo hasta el presente.

Esta norma permite instituir mecanismos de solución de controversias entre el órgano licitante y los interesados y oferentes, específicamente para conflictos surgidos durante la licitación pública por ejemplo, que no sea la mera aplicación del régimen recursivo o la procedencia de observaciones -bajo trámite incierto-, sino arbitrajes técnicos, mecanismos de conciliación, intervención de tribunales administrativos, etc. Este aspecto sin dudas ha quedado pendiente en nuestro régimen tanto –y por ende- como el establecimiento de mecanismos verdaderamente eficaces de resolución de conflictos en la etapa prejudicial.

En materia de impugnaciones, cabe mencionar que una primera posibilidad es cuestionar la elección de la contratación directa en lugar de la licitación pública. Precisamente, el acto de inicio, en cuanto elige la modalidad de selección del contratista, es recurrible por cuanto al efecto pudiera decidir. Así, bien se ha entendido que la opción por la contratación directa siempre deberá fundarse suficientemente, en tanto apartamiento de la regla de la licitación pública[46].

Respecto del Pliego, el RCAN prevé expresamente la posibilidad de su impugnación para el caso de considerarse “dirigida” la licitación, esto es, si en aquél se hubieran “…formulado especificaciones o incluido cláusulas cuyo cumplimiento sólo fuera factible por determinado interesado u oferente, de manera que el mismo esté dirigido a favorecer situaciones particulares, dará lugar a la revocación inmediata del procedimiento, cualquiera fuere el estado de trámite en que se encuentre, y a la iniciación de las actuaciones sumariales pertinentes”[47].

No hay previsiones específicas para su impugnación, de allí entonces que el PByCG y el PByCP serán impugnables como actos de alcance general, a través del “Reclamo Impropio”[48], junto con un pedido de suspensión de efectos durante su trámite[49]. En caso de rechazarse esta última pretensión, o su falta de contestación en cinco días hábiles, permitirá el requerimiento de una medida cautelar suspensiva de la licitación hasta que se resuelva el reclamo[50].

Alternativamente al cauce indicado, resultaría procedente una acción de amparo[51], también con medida cautelar que suspenda la licitación[52] mas es claro que esta vía excepcional solo será procedente en tanto la controversia involucre un aspecto que no requiera mayor debate y prueba[53], lo cual no siempre será el caso tratándose de una contratación pública que puede involucrar bienes, obras o servicios de cierta complejidad. Aún así, los tiempos que en la práctica insume el proceso de amparo tampoco parecen adecuados cuando se trata de una contratación pública en ciernes, patología que finalmente también jugará en contra del actor, en cuanto, más allá de estar ejerciendo regularmente sus derechos constitucionales, en definitiva  aparecerá como impidiendo, dificultando y/o retardando la concreción de la satisfacción del interés público mediante tal contratación.

Los propios pliegos establecen que la presentación de una oferta significa su más pleno conocimiento y aceptación[54], a la vez que se requiere al postulante un análisis con grado de diligencia (oportuna y activa) que excede lo común, pues inclusive su silencio hará presumir lisa y llanamente la aceptación de los términos fijados por el Estado[55]. Así, la aceptación sin reparos de las cláusulas del pliego al presentar oferta es entendida como preclusiva, salvo pretensión de dispensa del dolo[56].

La impugnación de alguna de sus cláusulas, por cualquier vía, que no vaya acompañada de una medida cautelar administrativa o judicial que suspenda la licitación y proteja el derecho en debate, representará para la Administración la existencia de una oferta enfrentada al Pliego, y, por ende inadmisible[57]. Cualquier salvedad o no aceptación de cláusulas del Pliego en la oferta, es causal de inadmisión de ésta[58],  al mismo tiempo que sinó quedan aceptadas, pues al efecto se tiende a recordar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación según la cual el sometimiento voluntario a un régimen jurídico, sin reservas expresas, comporta un acatamiento a dicho régimen, lo que torna improcedente su posterior impugnación[59].  Solo cabe preguntarse si para un proveedor o contratista de la Administración, existe realmente allí un sometimiento “voluntario”, y si es posible consentir lo “ilegítimo”, aspectos que, aún cuando fundamentales, finalmente, poco suelen conmover al decisor frente a la “demora” en avanzar en la contratación requerida.

Todo esto hace que el interesado en ser oferente de una licitación se vea en una encrucijada tal que normalmente se traduce en que solo impugnará un Pliego cuando sea evidente la ilicitud de alguna de sus cláusulas, y ello pueda ser protegido mediante una medida cautelar.

De lo contrario, optará por no impugnar y ofertar, sobre todo si la cláusula que considerada ilícita es de eventual aplicación en el caso, tal por ejemplo, si se ha establecido una garantía de impugnación para el dictamen de evaluación o para la adjudicación.

En estos casos, una alternativa muy difundida en la práctica es finalmente no impugnar cuando tal garantía es exigida, por entender que no se hará lugar a los planteos y se perderá la garantía –junto con lo que ya se perderá como “costo de ofertar”- y, al  menos, presentar observaciones de legalidad –fundadas en el carácter de colaborador del administrado para el mantenimiento de la legalidad-, a las que nos referimos más arriba, y que ponen a la Administración frente a la exigencia de establecer la verdad material de lo ocurrido. Y así se entiende muchas veces que corresponde proceder –inclusive con traslado a las contrapartes-, aún cuando el resultado sea generalmente no hacer lugar a tal observación. 

Otras veces la Administración se ciñe a señalar que tal observación en definitiva es una impugnación sin garantía, negando su tratamiento, y, peor todavía, extendiendo este argumento como causal de rechazo del recurso administrativo que se interponga contra la adjudicación consiguiente, siendo que no se trata de un requisito de admisibilidad de tal recurso[60].

 

4.- La falta de estadísticas, la demora en el llamado y posterior “anómala celeridad” o “carrera por firmar el contrato” en el procedimiento licitatorio.

Es usual que los regímenes de contrataciones requieran la confección de estadísticas por los órganos rectores, tal como por ejemplo lo establece el RRCAN[61]. Sin embargo, en general es poca e incompleta la estadística que se conoce en materia de contrataciones públicas, no ya solo respecto de los bienes, obras y servicios que requiere el Estado en sentido amplio, sino también y específicamente sobre el uso de los distintos procedimientos de selección, la duración de tales procedimientos, su problemática, la  relación con la posterior ejecución contractual, y, menos todavía, respecto de las impugnaciones –y observaciones- administrativas y judiciales que pudieren producirse al efecto y la suerte de su resolución.

Todo esto es fundamental al momento en que una empresa decida ser oferente de una licitación, pues hace al costo de participación que debe prever, actuando con la diligencia que se le exigirá. Más todavía si este tipo de participación refiere a licitaciones internacionales donde se espera que participen oferentes extranjeros. Es común advertir que la Administración exige extremar el cuidado, previsión y diligencia a quien pretende ser su cocontratante a través del tránsito de una licitación, pero al mismo tiempo omite sistemáticamente producir y brindar información estadística oficial que contribuya a que se desarrolle aquella conducta.

Por otra parte, sin una visión estadística de la actuación de los órganos que intervienen en las contrataciones públicas, no es posible cumplir los postulados de la calidad en la función pública y menos aún cumplir con el derecho fundamental de los ciudadanos a la buena administración pública conforme lo descripto más arriba. La licitación se vuelve burocráctica, una mera colección de trámites a la que se suma otra de clichés para rechazar cualquier planteo que la demore con tal de celebrar el contrato y cerrar el ciclo y evitar cualquier cuestionamiento a no haber contratado; los oferentes perjudicados serán solo daños colaterales.

En particular, el sistema estadístico hace a la seguridad jurídica, valor que posee entre nosotros jerarquía constitucional, constituyendo una de las bases principales de sustentación de nuestro ordenamiento[62]. Y la seguridad jurídica consiste tanto en conocer las normas cuanto su modo de aplicación o “previsibilidad”, lo cual no puede sino establecerse objetivamente a través de información estadística de difusión pública.

En otros países se producen este tipo de estadísticas, a tal punto que pueden establecerse, por ejemplo, cantidad de impugnaciones por año en procedimientos licitatorios, admisión o inadmisión de éstas, etc., dando así certeza de cómo funciona el sistema.

Tal tipo de estadística hace también a la evaluación que corresponde a toda Administración para su propio control de funcionamiento, conforme el principio de evaluación permanente -previsto por ejemplo en la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública[63]-, aspecto que también debería convocar el interés de los  órganos internos y externos de control.

En efecto, ¿cómo podrá determinarse si no el buen funcionamiento de la Administración Pública, su servicio objetivo al interés general, su actuación con pleno sometimiento a las leyes y al Derecho, tal como mandan los compromisos iberoamericanos, entre otros, si se carece de toda información sobre su desempeño concreto?

Además, es también crucial conocer estas estadísticas para determinar los cambios necesarios, a modo de aprendizaje organizacional y para evaluar el grado de avance en la materia.

En nuestro país, desde un buen tiempo atrás a esta parte, se advierte una opinión muy generalizada sobre la preocupante poca eficiencia del sistema de impugnaciones y recursos administrativos en dicha sede, en tanto éste se ha convertido en absolutamente formal y adversarial –antes que una etapa conciliatoria y para corregir defectos-, y no lleva al dictado de actos administrativos suficientemente comprometidos con la verdad material, la juridicidad, la tutela administrativa efectiva y demás principios que inspiran al procedimiento administrativo en general. Así, se ha reconocido hace un tiempo ya, en jurisprudencia, que “La experiencia pública y notoria demuestra que los recursos administrativos no se presentan como efectivos, siendo que por lo general el superior confirma si más las decisiones de sus inferiores respecto de actos que luego son descalificados por la justicia.”[64].

En este orden de ideas se ha llegado a sostener en un voto de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que en los procedimientos de licitación pública “…el margen disponible para los interesados a fin de evitar la consumación de una actuación administrativa ilegítima suele ser bastante estrecho. La combinación de una serie de factores así lo evidencian, tales como el carácter preferentemente discrecional que suele atribuirse a la adjudicación, el efecto no suspensivo de los recursos administrativos en su contra y  la falta de impugnación autónoma de ciertos actos que, sin ser resolutorios, determinan el rumbo de la evaluación de las ofertas. Esto refuerza el imperativo de justificación del actuar administrativo, sobre todo cuando se trata de seleccionar una o unas ofertas y de excluir o descalificar otras…”[65].

A tal punto esto es así que por ejemplo en el ámbito comunitario europeo se ha tenido que establecer que la interposición de un recurso contra un acto licitatorio “suspende” de modo automático e inmediato el  procedimiento cuando tal recurso se presenta ante la misma autoridad licitante[66], aspecto sobre el que volveremos más adelante y que demuestra la tendencia avanzar pese a las impugnaciones, consecuentemente con los actos que se van dictando y cuya revisión, por ende, será poco o nada efectiva.

Por eso en el mismo sentido la Ley Modelo de la de la CNUDMI as para el Derecho Mercantil Internacional sobre la Contratación Pública prevé que la entidad adjudicadora no adoptará ninguna medida que dé vigencia a un contrato en vías de adjudicación o a un acuerdo marco en vías de negociación si le presenta un recurso de reconsideración, se le notifica un recurso de revisión o si existe apelación judicial[67].

Inclusive se ha llegado a la necesidad de establecer un plazo de espera -standstill- ente la adjudicación y la suscripción del contrato, para frenar esta carrera y que se atiendan de modo efectivo las impugnaciones[68].

Ahora bien, ¿A qué puede deberse esto? A nuestro juicio, a que la licitación pública en muchos casos presenta la particularidad de verse influida por la siguiente situación. Cuando se torna lento y engorroso su procedimiento previo para llegar al “llamado”, tal demora en su iniciación –que genera la necesidad de mantener las prestaciones de contratados vencidos o realizar contrataciones directas- luego se traduce, junto con la expectativa creada por el propio llamado –con su difusión, por el interés social despertado en que por fin se hará determinada obra, etc.- en un fuerte elemento de presión para que el ente contratante llegue, con una “anómala celeridad” cuando antes a la adjudicación y/o contratación en cuestión, estando también en juego la credibilidad en la eficiencia y eficacia de dicho ente y los funcionarios que tienen a su cargo tal contratación.

A esto mismo se la ha denominado “la carrera por firmar los contratos” de parte de los organismos administrativos, que tras la adjudicación pretenden una rápida suscripción del contrato que elimine la eficacia de los planteos impugnatorios de dicha adjudicación, de modo que solo quede una vía reparatoria de perjuicios, de bajo interés -por el tiempo y costo a invertir- para quienes impugnaron[69].  Se genera así el “hecho consumado” de haber contratado, de allí en más cada día de ejecución contractual es un una posibilidad menos de invalidación de la adjudicación.

Es así, por ejemplo, que la Directiva 2007/66/CE expresamente destaca entre los puntos débiles de la contratación pública “…la ausencia de plazo que permita entablar un recurso eficaz entre la decisión de adjudicación de un contrato y la celebración de este. Esto conduce en ocasiones a una firma muy acelerada del contrato por parte de los poderes adjudicadores y las entidades contratantes, que desean con ello hacer irreversibles las consecuencias de la decisión de adjudicación controvertida. …esta deficiencia, que supone un serio obstáculo a la tutela judicial efectiva de los licitadores afectados, es decir, los que aún no han sido definitivamente excluidos, …”[70].

Es clara la tendencia entonces a hacer irreversible las decisiones administrativas, pero no es buena, porque no tutela debidamente a los que se consideran perjudicados, no favorece la competencia (la competencia se puede alterar con decisiones arbitrarias irreversibles), la verdad material, en una palabra, la buena administración contractual[71].

Esta “anómala celeridad” o “carrera por firmar los contratos”, entonces, puede explicar que las impugnaciones y/u observaciones recibidas de los oferentes, sean apreciadas por los órganos competentes para la contratación, como meras dilaciones perjudiciales para el procedimiento licitatorio, conspirando contra su legitimidad y eficacia.

Es decir, una falla general del sistema en su momento inicial (tiempo insumido en llegar al llamado y situaciones colaterales generadas) se busca purgar con una anómala celeridad en el procedimiento licitatorio hacia la efectiva celebración y ejecución del contrato, que entiende como ilegítima y obstructiva todo cuestionamiento durante dicho procedimiento. La celebración del contrato, pues, es apreciada como el cumplimiento de la exigencia licitatoria, de la legalidad presupuestaria y de la acción de gobierno eficaz, mientras que las impugnaciones representan la traba y obstáculo a todo esto.

En efecto, al respecto la Oficina Anticorrupción ha podido constatar en su oportunidad que tales impugnaciones u observaciones son apreciadas por las áreas de contrataciones de la Administración como una molestia, en tanto sobrecarga de trabajo y demora para la conclusión de la licitación, siendo ésta la razón por la cual propician el arancelamiento de dichas impugnaciones[72]. Cabe adelantar que tal impresión recabada, no es sin embargo compartida por dicha Oficina[73], aspecto sobre el que ya volveremos.

Nótese al mismo tiempo que esa afectada percepción de tales impugnaciones y observaciones como dilatorias y obstructivas, es incoherente con sostener, por ejemplo y como bien lo ha hecho la Oficina Nacional de Contrataciones que “…toda observación o impugnación presentada por parte de los oferentes constituye una colaboración de éstos para con la Administración, a fin de que ésta última cumpla con la finalidad pública comprometida y adjudique a la oferta más conveniente (conf. art. 15 del Decreto N° 1023/2001)”[74], y cuando entiende que la impugnación del dictamen de evaluación “…conlleva una tutela adicional a los derechos del administrado, por cuanto el interesado, además de contar con la posibilidad de impugnar, mediante los procedimientos impugnatorios correspondientes determinados en la Ley de Procedimientos Administrativos y su reglamentación, el acto administrativo de adjudicación podrá, asimismo, en pos del debido proceso adjetivo, realizar la impugnación pertinente al dictamen de evaluación”[75].

Luego, lo que se declama como una colaboración a la Administración y al mismo tiempo tutela valiosa de derechos, finalmente no quede desvirtuado en su eficacia, por aquella anómala celeridad o carrera por firmar el contrato que se genera por el mal diseño y/o funcionamiento  del sistema.

Asimismo tampoco parece justo pensar que para los oferentes es simple e inicuo impugnar los actos licitatorios. Bastará recordar que importantes autores han tratado el tema explicando el temor propio a impugnar actos de quien se espera obtener contratos[76].

 

5.- El caso emblemático de la garantía de impugnación de actos licitatorios para la revisión por parte de las mismas autoridades licitantes: Un sistema extraviado.

Veamos entonces como coadyuva a evitar tales dilaciones, el hecho de establecerse en los Pliegos garantías de impugnación ya sea para el propio pliego o para actos dictados dentro del procedimiento licitatorio, tal como la preadjudicación o dictamen de evaluación, de modo que como requisito de admisibilidad se debe constituir una garantía de hasta el 3% del monto de la oferta o 2% del presupuesto oficial, que se pierde si el órgano contratante la rechaza (y queda a su favor), situación por cierto  desconocida en general en el derecho comparado[77].

En primer término debemos señalar que tales garantías en rigor ni siquiera tienen fundamento legal, pues el RCAN no las prevé ni da lugar a su existencia, en tanto establece en su art. 31 que “Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones los oferentes y adjudicatarios deberán constituir garantías o contra-garantías por anticipos otorgados por la Administración Nacional, en las formas y por los montos que establezca la reglamentación o los pliegos, con las excepciones que aquélla determine”.

Nótese que la propia finalidad de tales garantías está expresamente contenida en la norma: garantizar el cumplimiento de obligaciones de oferentes y adjudicatarios. Es que tradicionalmente las garantías en la contratación pública se han entendido como un elemento tendiente a lograr el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el oferente y por el contratante, desempeñando un papel compulsivo para constreñirlo al cumplimiento, más no resarcitorio[78]. Por eso se ha dicho que el régimen de garantías en la contratación pública descansa en los caracteres de unilateralidad, obligatoriedad y –fundamentalmente- accesoriedad respecto de la obligación principal[79]. Es muy importante reparar en esto, para analizar la reglamentación que al efecto posteriormente se dictara.

Inclusive y a nuestro juicio, esto no se desvirtúa por la previsión del art. 30 del RCAN, en la cual tanto como la Procuración del Tesoro de la Nación[80] como la Oficina Nacional de Contrataciones[81] encuentran la razón de ser de la garantía de impugnación al dictamen de evaluación. Sin embargo, en ese lugar el RCAN solo permite reglamentar una impugnación, lo cual no implica incorporar garantías de impugnación, por el contrario, al momento de regularlas el RCAN en su art. 31 refiere solo a garantizar cumplimiento de obligaciones, que son específicas, tales como las de mantener la oferta y cumplir el contrato.

Inclusive en la posición de la ONC “A partir de dicha habilitación legal, la garantía de impugnación tiende a disuadir presentaciones carentes de fundamentación, desalentar conductas abusivas que persiguen como única finalidad el aplazamiento de la finalización de un procedimiento de selección y en consecuencia de ello se pretende evitar un menoscabo al interés público comprometido en la contratación que se intenta”[82].  

Realmente no vemos conexión alguna entre “habilitación legal” del art. 30 RCAN que no menciona para nada las garantías, y, en todo caso tal habilitación rápidamente se cierra con su artículo siguiente cuando establece una finalidad contraria a la pretendida para tales garantías (afianzar obligaciones específicas), aspecto que, insólitamente, también reconoce la ONC, “cumple una función diferente a las que corresponde asignarles a la garantía de mantenimiento de oferta”, pero sin reparar en los efectos hermenéuticos de esa distinción[83].   

Asimismo, al momento del dictado del RCAN, la reglamentación anterior que se mantendría por vía de ultraactividad, el “Reglamento para la adquisición, enajenación y Contratación de bienes y servicios del Estado Nacional” contenido en el Decreto 436/00[84] , respecto de la impugnación al dictamen de evaluación solo  establecía la condición consistente en que “Los interesados podrán impugnarlo dentro de los CINCO (5) días de notificados.” [85] Es decir, se posibilitaba impugnar tal dictamen pero nada se exigía en materia de garantías.

Posteriormente, en el “Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional” , aprobado por el Decreto 893/12[86], se mantuvo tal derecho de impugnación por parte de los interesados, extendiéndose al caso de los no interesados, por igual lapso a contar desde su difusión en el sitio de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones (“ONC”), en ambos casos previa integración de una “garantía de impugnación”  “…cuando así lo requiera la entidad o jurisdicción contratante, en aquellos casos en que el oferente hubiere presentado más de DOS (2) impugnaciones contra dictámenes de evaluación en un año calendario. En esos supuestos el importe de la garantía será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiera aconsejado adjudicar el contrato”[87].

Dentro de este régimen también se previeron garantías de impugnación del “dictamen de preselección” o precalificación en los montos que estableciera el respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares[88].

La introducción de estas garantías de impugnación mereció justas críticas por entenderse que ello fue “por fuera y en contradicción” con el RCAN[89].

Aquel régimen aprobado por el Decreto 893/12 fue sustituido en 2016 el por arriba mencionado RRCAN, el cual mantiene el derecho de impugnar el dictamen de evaluación por interesados y no interesados, en el plazo ahora menor aún, de tres (3) días desde su comunicación o difusión en el sitio de internet de la ONC, respectivamente, en ambos casos, previa integración de una garantía del tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato[90][91].

A partir de todo ello es que se han generalizado tales previsiones en diferentes pliegos de contratación pública, haciendo exigible la constitución de tal tipo de garantías.

Así, por ejemplo, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para las Contrataciones de Obras Públicas aprobado en 2019[92] establece que tanto el dictamen de precalificación o preselección, como el de evaluación, pueden ser impugnados por los proponentes dentro del plazo perentorio de tres (3) días a contar desde el día hábil siguiente al de su notificación, previa integración de la garantía de impugnación[93]. Ésta se deberá constituir mediante un depósito bancario en dinero en efectivo, o en su defecto en la forma que se prevea en el pliego de condiciones particulares, por un monto de entre el 0,5 % y el 2 % del presupuesto oficial, según se establezca en aquel pliego, y se perderá en el caso de que la impugnación fuese desestimada[94]. En los casos de etapa múltiple, deberá constituirse esta garantía en todos los supuestos de impugnación. Las impugnaciones las analiza la Comisión Evaluadora, emitiendo un informe pero decide a su respecto la Contratante en el acto  administrativo que resuelva la selección y/o adjudicación, según corresponda si es procedimiento de única o múltiple etapa[95].

 

Nótese por tanto que todo esto ocurre, sin base legal suficiente, contrariando el concepto mismo de garantías en la contratación pública que se ha visto, sin parangón en lo que sucede en el derecho comparado, y, a falta de estadísticas diremos que con el único resultado de desalentar cuestionamientos de legalidad que podrían corregir actuaciones erradas y/o ilegítimas de la Administración, motivados por aquella “anómala celeridad” o “carrera por la firma del contrato”.

A la hora de defender estas garantías de impugnación la ONC las ha justificado “…para prevenir perjuicios para la normal actividad administrativa, que puede verse detenida a raíz de impugnaciones improcedentes y que no puede hablarse de lesión a la garantía de defensa ante la eventual falta de medios económicos del impugnante, atento a que es de esperar que quien pretende afrontar un contrato administrativo la solvencia necesaria para esa contingencia. Desde luego que el monto de esa garantía debe ser razonable y proporcional a la de la prestación licitada…La práctica administrativa de los últimos años da cuenta de que la mentada garantía se presenta como una herramienta razonablemente idónea en pos de desalentar planteos infundados, meramente dilatorios o esencialmente enderezados a entorpecer el procedimiento de selección de que se trate. Consecuentemente, tomando en consideración que se encuentra estrechamente vinculada con el principio de eficiencia –desde que procura desalentar la figura del “impugnador serial” tan tristemente célebre en otros tiempos e indudablemente reñida con la buena fe que debe primar desde el inicio hasta el final de las actuaciones”[96].

Y con cita de ese mismo dictamen de la ONC, es que la Procuración del Tesoro de la Nación sostiene que “Tal como con la garantía de seriedad de la oferta que apunta a asegurar la seriedad de la propuesta, con la de impugnación se busca desalentar planteos infundados, meramente dilatorios o esencialmente enderazados a entorpecer el procedimiento de selección de que se trate, en detrimento del fin publico comprometido, cuyas satisfacción en tiempo y forma interesa a la comunidad toda…La seriedad del planteo del oferente, no debería constituir óbice alguno para integrar la referida garantía, toda vez que la misma le será reintegrada en caso de que la impugnación sea resuelta a su favor (v. art. 32 in fine del Pliego Único)”[97].

Nada de esto podemos compartir, inclusive el caso de impugnaciones infundadas y dilatorias requería otra solución (v.gr. penalidades), pero no al arancelamiento de los cuestionamientos cuya decisión queda a la misma  autoridad licitante que actúa bajo aquella  “anómala celeridad” o “carrera por la firma del contrato”, no da garantías de imparcialidad e independencia y finalmente se quedaría con la suma garantizada (al no hacer lugar totalmente a los planteos presentados, hipótesis extrema y probablemente poco frecuente).

Ya hemos analizado[98] y ratificamos aquí el acierto que al efecto entendemos significó el criterio (lamentablemente ahora dejado de lado por la proliferación de la regulación sub-legal de la figura[99]) de la Procuración del Tesoro de la Nación establecido en 2006 –y siguiendo lo que en doctrina especialmente propiciara COMADIRA[100]-, al vedar la posibilidad de que se establezca válidamente en un Pliego de Condiciones Particulares de contratación, la previsión de sujetar la admisibilidad de la impugnación de la “preadjudicación” o “dictamen de evaluación” -criterio extensible a cualquier otro acto- a la constitución de una garantía reintegrable en caso -solo- de admitirse los fundamentos de aquélla, sintéticamente por los siguientes fundamentos: ausencia de basamento normativo en el régimen de contrataciones de la Administración pública nacional; afectación del carácter gratuito del procedimiento administrativo, asimilándose a figuras impropias al mismo, tales como la tasa de justicia, la condena en costas -representada por la pérdida de la garantía, en la forma proyectada-; la carencia de fundamento, en tanto, el único hipotéticamente analizable, consistente en el desaliento de impugnaciones dilatorias, no procedería atento el efecto no suspensivo de las mismas y el margen de discrecionalidad demasiado amplio, sin parámetros orientadores acerca de la devolución de la garantía[101].

Nótese respecto de esto último que la Procuración del Tesoro de la Nación sostiene que “La seriedad del planteo del oferente, no debería constituir óbice alguno para integrar la referida garantía, toda vez que la misma le será reintegrada en caso de que la impugnación sea resuelta a su favor (v. art. 32 in fine del Pliego Único)”. Sin embargo, algo no cierra en esta frase, pues la seriedad del planteo no es el criterio para devolver la garantía -en todo caso lo más lógico conforme la finalidad indicada[102]-, sino que el citado art. 32 del Pliego Único lo que dice es otra cosa: “Las garantías de impugnación serán reintegradas al impugnante sólo en caso de que la impugnación sea resuelta favorablemente”. Entonces no alcanza con que el planteo sea serio, la Administración debe hacer lugar a la impugnación, y, probablemente se entenderá que a todos sus planteos, resultando ilusorio pensar -como se ha visto más arriba hasta para la percepción jurisprudencial- que en sede administrativa se hace siempre lugar a todos los planteos serios; si fuera así, el procedimiento administrativo impugnatorio gozaría de un consenso distinto al que se conoce.

Asimismo, si bien y como lo dice este tipo de garantías tienden a evitar dilaciones innecesarias del trámite –desalentando presentaciones improcedentes[103], imprudentes, irreflexivas, etc.[104]-, también es claro, que si esto ocurre puede pensarse en otros métodos correctivos (v.gr. sanciones) menos restrictivos de derechos por un lado, y, por otro, que no desnaturalicen tales colaboraciones y plus de tutela, conforme la ONC en su momento entendió respecto de estas presentaciones -según ya expusimos más arriba-, pues, como puntualiza COMADIRA, “...las impugnaciones particulares no deben ser valoradas, institucionalmente, como obstrucciones al accionar administrativo.” [105]

Ahora bien, más allá de que la impugnación del dictamen de evaluación -o preadjudicación- suspenda o no el trámite[106], conforme se ha explicitado más arriba, los plazos previstos en el actual régimen de contrataciones de la Administración pública nacional para la notificación del dictamen de evaluación tanto como para su impugnación y la exigencia de que esas impugnaciones se resuelvan en el mismo acto de la adjudicación no constituyen de por sí ninguna previsión dilatoria en perjuicio de la contratación estatal. Antes bien y como apunta DRUETTA, el cumplimiento de ese procedimiento por la Administración permitiría evitar la dilación “...sin necesidad de desconocer o en su caso, restringir los derechos de los participantes del proceso de selección...” [107].

Asimismo, no es un dato menor recordar que la propia Procuración del Tesoro de la Nación ha valorizado tales impugnaciones como un medio que simplemente facilita la mejor formación de la voluntad del órgano decisor[108], de modo que, como precisa GORDILLO, la preadjudicación “...es un elemento de fundamental importancia práctica para los propios funcionarios y para la administración, además de los oferentes, pues al ser publicada y otorgarse vista simultánea a todos los interesados, se puede obtener un debate con las impugnaciones que se efectúen, lo cual permite mejor apreciar y fundamentar la decisión que se adopta o, en su caso, modificar la que resulta de la preadjudicación.” [109]

En este sentido, bien se ha destacado en jurisprudencia de la provincia de Córdoba la utilidad que tales impugnaciones podían producir, en cuanto, a través de las mismas, los particulares ejercen una real colaboración a fin de poner en evidencia posibles deficiencias legales, administrativas o técnicas, que la autoridad no haya advertido y que esté a tiempo de corregir, contribuyendo así a la vigencia de una auténtica juridicidad administrativa[110].

Por ello, como se ha concluido en uno de los tantos foros de contrataciones en que se ha tratado el tema; “El arancelamiento de las impugnaciones afecta negativamente los procesos de compra”[111].

Oportunamente la Oficina Anticorrupción también se ha declarado contraria al “arancelamiento de impugnaciones” como las mencionadas, llega a sostener que “...debería prohibirse expresamente por vía reglamentaria la inclusión de garantías de impugnación en los Pliegos de Bases y Condiciones particulares, por oponerse a principios generales del procedimiento administrativo, del cual todos los procedimientos de selección del contratista son especies. En este sentido, están comprometidos en ello el debido proceso adjetivo, el principio de colaboración y el de gratuidad, entre otros.”[112]

Todo esto nos lleva a pensar que aún ante una eventual incorporación legal de estas garantías –en el sentido expuesto- al régimen de las contrataciones de la Administración pública, como lo ha destacado TAWIL[113], por el énfasis de la argumentación de la Procuración del Tesoro de la Nación expuesto en aquel mencionado dictamen del 2006 –y de la doctrina coincidente-, tornaría dificultoso avalar su constitucionalidad.

Inclusive se advierte un claro efecto expansivo en estas garantías -ya vemos que han llegado a toda la obra pública nacional-, una vez que se admiten tienden a ser imitadas por otras jurisdicciones e inclusive a pretender aplicarse sobre supuestos ni siquiera previstos en el Pliego, lo cual por ejemplo tuvo que ser corregido judicialmente nada menos que en una contratación realizada dentro de dicho Poder del Estado[114].

6.- El cambio imprescindible.

En definitiva, es claro que el sistema actual de impugnación -u observación- de cláusulas del Pliego, así como de actos preparatorios –tal el dictamen de evaluación- o bien actos administrativos como la preselección y la adjudicación, por el dilema del consentimiento total para ofertar e inclusive –pero no limitado- por las garantías de impugnación que se exigen; desprovisto además de toda estadística o estudio empírico que permita avisorar otra conclusión más que la de su rechazo en sede administrativa –conforme la experiencia, plasmada en obras aquí citadas, nos lleva a sostener que existen errores de diseño y funcionales, que hacen indispensable cambios sustanciales en el sistema de impugnación de actos licitatorios y contractuales.

En efecto, para asegurar los principios que exige la buena administración en materia de contrataciones públicas, entendemos esencial  que no sean las mismas autoridades comprometidas –y urgidas en con esa “anómala celeridad” o “carrera por firmar los contratos”- por el procedimiento licitatorio –las más de las veces bajo un criterio formal y adversarial que impide desentrañar la verdad objetiva-, quienes resuelvan tales planteos de los interesados, oferentes e inclusive contratistas, sino otras autoridades, que con independencia y objetividad atiendan fundadamente todos los intereses que confluyen en el caso.   

Y todo esto a fin de cumplir las exigencias de la buena administración que recordamos más arriba, así como y especialmente, para atender lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CUNAC)[115], en cuanto exige, además de transparencia en la información, en el personal de contrataciones, etc., que los regímenes de adquisiciones públicas garanticen criterios objetivos predeterminados para las decisiones de contratación pública, en orden a facilitar la consecuente verificación de la correcta aplicación de aquéllos, así como un mecanismo eficaz de revisión interna y de apelaciones, para garantizar los recursos y soluciones legales en el caso de que las reglas o procedimientos establecidos, no se hayan seguido[116].

La objetividad y un sistema de revisión de decisiones eficaz, son lo esencial que motiva la necesidad de cambiar nuestro actual sistema en esta materia.

Pero esto no parece ya ser solo una mera opción, sino un camino obligado.

La UNAC no solo ha sido firmada por los otros Estados miembros del MERCOSUR, sino que el Protocolo de Contrataciones Públicas del Mercosur al que ya antes hicimos referencia, establece a nuestro juicio la solución al cambio en el diseño de sistema que estamos mencionando, probablemente siguiendo el carril recorrido recientemente por la Unión Europea en la materia, fruto de advertir deficiencias similares a la aquí expresadas, cuya relevancia se pone más de manifiesto aún cuando las fallas del sistema afectan a empresas de otros Estados parte de un acuerdo de integración.

Así, el art. 23 de dicho Protocolo textualmente establece:

“1.            Cada Estado Parte deberá garantizar un procedimiento de revisión administrativo o judicial que sea oportuno, efectivo, transparente, no discriminatorio y de conformidad con el principio del debido proceso, a través del cual un proveedor pueda presentar impugnaciones alegando un incumplimiento de este Protocolo que surja en el contexto de las contrataciones públicas cubiertas en las que el proveedor tenga o haya tenido interés.

2.  Cada Estado Parte establecerá o mantendrá al menos una autoridad administrativa o judicial imparcial, independiente de sus entidades contratantes, para recibir y revisar una impugnación presentada por un proveedor dentro de una contratación pública cubierta, y emitir las decisiones y recomendaciones pertinentes.

3.  Cuando un ente distinto de la autoridad a la que se refiere el párrafo 2 de este Artículo inicialmente revise una impugnación, el Estado Parte se asegurará que el proveedor pueda apelar la decisión inicial ante una autoridad administrativa o judicial imparcial, que sea independiente de la entidad contratante cuya contratación es objeto de la impugnación.

4. Sin perjuicio de otros procedimientos de impugnación dispuestos o desarrollados por cada uno de los Estados Partes, cada Estado Parte garantizará lo siguiente:

a) plazo suficiente para que el proveedor prepare y presente impugnaciones por escrito, el cual, en ningún caso, será menor a siete (7) días corridos, a partir del momento en que el acto u omisión motivo de la impugnación fue conocido por el proveedor o razonablemente debió haber sido conocido por éste;

b) la entrega sin demora y por escrito de las decisiones relacionadas con la impugnación, con una explicación de los fundamentos de cada decisión.

5. Cada Estado Parte adoptará o mantendrá procedimientos que establezcan:

a) medidas provisionales rápidas para preservar la posibilidad del proveedor de participar en la contratación pública, que sean aplicadas por la entidad contratante o por la autoridad imparcial referida en el párrafo 2 de este Artículo. Tales medidas podrán tener por efecto la suspensión del proceso de contratación. Los procedimientos podrán prever la posibilidad de que se tengan en cuenta las consecuencias desfavorables predominantes para los intereses afectados, incluido el interés público, al decidir si deberán aplicarse esas medidas. Se consignará por escrito la razón por la cual no se adopten tales medidas; y

b) medidas correctivas o una compensación por las pérdidas o los daños y perjuicios sufridos cuando un órgano de revisión haya determinado la existencia de un incumplimiento mencionado en el párrafo 1 de este Artículo, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente en cada Estado Parte.”

Esto significa, en la fórmula encontrada, que nuestro país deberá establecer para las contrataciones comprendidas en dicho protocolo –pero sin dudas también para toda la contratación pública que no tenga otra regulación- verdaderos tribunales -imparciales e independientes de las autoridades contratantes-, administrativos o judiciales, que revisen las impugnaciones contractuales, pudiendo dictar medidas provisionales suspensivas del procedimiento de selección del contratista, así como medidas correctivas o compensatorias derivadas de incumplimientos.

La misma solución se prevé en el Capítulo de Contrataciones públicas del Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea de 2019[117], de modo que los Estados miembros deben establecer o designar al menos una autoridad imparcial administrativa o judicial, que sea independiente de las entidades licitantes para recibir y revisar las impugnaciones de los oferentes o proveedores (actuando aunque sea en grado de apelación), con iguales facultades de dictar tales medidas provisionales rápidas para preservar la oportunidad del oferente de participar en el procedimiento licitatorio, así como medidas correctivas o compensatorias[118].

Este tipo de previsiones -en línea también con lo la Ley Modelo de la CNUDMI[119]- surgen de lo experimentado por la Unión Europea en la materia, en donde significó una auténtica revolución jurídica, el sistema de control en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos establecido en las Directivas 2007/66/CE,  89/665 y 92/13, que obligan a los Estados a establecer un régimen especial de reclamaciones en materia de procedimiento contractual.

Ese sistema de recursos, como puntualiza GIMENO, es un instrumento de integridad y mejora en la gestión, pero a partir de órganos de control  independientes y especializados[120].

Conforme surge de aquellas directivas, el cambio se debió a que se entendió que resultaba cuestionable e ineficaz que el mismo órgano que dicta el acto recurrido, resuelva el recurso administrativo; lo cual tenía un efecto disuasorio para que participen más empresas de otros países miembros en licitaciones, resultando necesario la existencia de un órgano independiente que actúe en tales casos. Así, se recordó que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE) del 11 de enero de 2005, Stadt Halle, en la cual se entendió que debía diseñarse un régimen específico de recursos rápidos y eficaces para fiscalizar la contratación pública, no siendo suficiente la aplicación de los recursos ordinarios que ese Estado tenga establecidos para el resto de la actividad administrativa.

La evolución hacia el Recurso Especial se fundó en que éste fuera verdaderamente eficaz y útil procedimentalmente, lo cual debía comprender la suspensión en el caso de la adjudicación, para que no pueda formalizarse el contrato hasta que no haya resolución expresa, evitando así lo bien conocemos como “hecho consumado”.

La visión de campo del instituto resultó fundamental, destacándose que no servirían mecanismos que hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario, tal y como se deriva del principio comunitario de efectividad.

La aplicación en Europa de estas Directivas es motivo del Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la eficacia de aquéllas del 24/1/2017, donde se da cuenta que en catorce (14) Estados miembros existe un órgano administrativo de contratación pública donde tramita el recurso especial y en el resto la revisión es judicial. El recurso especial permite dictar medidas provisionales, resoluciones de anulación y daños y perjuicios, y de acuerdo con encuestas (aún no hay estadísticas de todos los países): cumple su finalidad; es un elemento disuasorio contra comportamiento irregular en el ámbito de la contratación pública; no genera retrasos indebidos de la contratación; y permite el ejercicio efectivo de los derechos por los operadores económicos.

En el caso de España se menciona la creación del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (“TACRC”), adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda, compuesto por un Presidente y dos Vocales, Tribunal que se constituyó en octubre de 2010. Asimismo las Comunidades Autónomas pueden crear sus propios órganos independientes (para su ámbito y el de las Corporaciones Locales) o bien optar por atribuir la competencia, mediante la celebración del correspondiente convenio, al propio Tribunal Central[121]. Hasta el momento han creado este tribunal el País Vasco, Cataluña, Andalucía, Canarias, Aragón, Navarra, Madrid, Castilla y León, Extremadura y Galicia[122].

El mencionado Tribunal tiene independencia funcional (tanto del órgano como de sus miembros) en el ejercicio de sus competencias. Su actividad está presidida por el principio de eficacia. La revisión es de amplio alcance, pues puede pronunciarse sobre la anulación de las decisiones ilegales adoptadas durante el procedimiento de adjudicación, incluyendo la supresión de las características técnicas, económicas o financieras discriminatorias contenidas en el anuncio de licitación, anuncio indicativo, pliegos, condiciones reguladoras del contrato o cualquier otro documento relacionado con la licitación o adjudicación, así como, si procede, sobre la retroacción de actuaciones. Si de ello deriva que la adjudicación se realice a favor de otro licitador, se concederá al órgano de contratación un plazo un plazo de diez días hábiles para que requiera al licitador seleccionado para que se presente la documentación pertinente para la adjudicación del contrato[123]. Cuando concurran los requisitos y se solicite por los interesados, podrá imponerse a la entidad contratante la obligación de indemnizar a la persona interesada por los daños y perjuicios que le haya podido ocasionar la infracción legal que hubiese dado lugar al recurso[124] Para fijar esta indemnización se atenderá en lo posible a los criterios propios de la responsabilidad patrimonial de la Administración[125], debiendo cubrir como mínimo los gastos ocasionados por la preparación de la oferta o la participación en el procedimiento de contratación[126].  Podrá acordar el levantamiento de la suspensión del acto de adjudicación si continuase suspendido y de las restantes medidas cautelares acordadas, así como, si procediera, la devolución de las garantías cuya constitución se hubiera exigido para la efectividad de las mismas[127]. Se le reconoce la potestad de imponer sanciones si se aprecia temeridad o mala fe en la interposición del recurso o en la solicitud de medidas cautelares: entre 1.000 y 15.000 euros, que se fijará en función de la mala fe apreciada y el perjuicio ocasionado al órgano de contratación y a los restantes licitadores[128].

Así podemos ver, por ejemplo que en la Memoria 2018 del Tribunal se indica que en ese año se presentaron 1.396 recursos -un 5% más que en 2017-, de los cuales se admitieron a trámite y se dictó resolución sobre el fondo del asunto en un 70% de los casos, estimándose un 25%  (27% en 2017, 37 % en 2016 y 39 % en 2015) y desestimándose un 72% (fuera de plazo, actos irrecurribles, etc.). El acto más recurrido sigue siendo el de adjudicación, un 41%, seguido de los pliegos, un 30%, mientras que un 22% de los recursos se presenta contra acuerdos de exclusión previos a la adjudicación. Se han impuesto multas económicas a los recurrentes, por temeridad o mala fe, en 21 resoluciones (25 casos en 2017). El plazo medio de resolución fue de 40 días hábiles desde que se dispone del expediente en el tribunal. Solo un 6% de sus decisiones se recurrieron judicialmente.

Asimismo, el “Recurso Especial” en cuestión se encuentra regulado entre los artículos 44 a 60 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (“LCSP”). Es potestativo y gratuito, y esencialmente permite el cuestionamiento de actos tales como los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación; los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación- siempre que estos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos-; actos de por los que se acuerde la admisión o inadmisión de candidatos o licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas; los acuerdos de adjudicación; modificaciones realizadas cuando procedía una nueva adjudicación[129].

Ha de resaltarse que la mera interposición del recurso suspende automáticamente la tramitación del procedimiento cuando el acto recurrido sea el de adjudicación (salvo en el supuesto de contratos basados en un acuerdo marco o de contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición), sin perjuicio de las medidas cautelares que podrán pedirse previamente, con la interposición del recurso o posteriormente a ello[130].

Al respecto se ha destacado la importancia de tal tutela para que los vicios aún pueda corregirse y evitar así el hecho consumado de la contratación, que influye negativamente en el decisor que tiene pendiente de resolución un cuestionamiento a la etapa precontractual: “…la suspensión del procedimiento de contratación, es la única o la más poderosa forma de asegurar la eficacia de una eventual resolución favorable del recurso especial principal, de modo que, los efectos del acto resolución  que aparentemente es contrario a Derecho, no pueda consolidar sus efectos haciendo imposible, o difícil, retrotraer la situación jurídica a aquel instante en que no ha existido lesión de derecho o intereses o vicio de legalidad, disminuyendo o eliminando la utilidad del recurso”[131].

MEILÁN GIL da cuenta de lo exitoso de la experiencia, con sustento en sentencia del Tribunal Supremo en español, poniendo de manifiesto que existe así un mecanismo de garantía prejudicial, que permite erradicar la firma acelerada de los contratos para hacer irreversibles las consecuencias de la decisión de adjudicación de contratos, y que las resoluciones del tribunal administrativo  cuentan con una cualificada presunción de legalidad y acierto, muy superior a la de los actos administrativos ordinarios[132]. En palabras de Tomás-Ramón FERNADEZ “El cambio que la introducción de este recurso especial ha supuesto difícilmente pueda exagerarse”[133].

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- Comentarios finales.

Bajo el foco de lo que entendemos como la buena contratación pública –que sintetiza todo un elenco de principios, derecho y garantías constitucionales- es evidente que nuestro sistema de contrataciones requiere un cambio urgente, especialmente en el diseño y funcionamiento de lo atinente a la impugnación y observación de actos de toda índole en el ciclo licitatorio.

Este cambio involucra primero revalorizar positivamente el aporte que las observaciones e impugnaciones pueden producir para obtener mejores decisiones por parte de la Administración, más razonables, justas y valiosas. Y esto, pari passu con la sanción de aquellos cuestionamientos que resulten temerarios o maliciosos. Esto es fundamental. Si tal premisa, con ese equilibrio, no es verdaderamente compartida e internalizada, nada tendrá sentido.

Luego, es evidente que se impone un diseño orgánico y procedimental claramente distinto y superador del actual. No se puede ya pretender que la autoridad contratante sea imparcial y esté dispuesta a desentrañar la verdad material y suspenda un proceso licitatorio, cuando se ha llegado a extremos tales como la imposición de  “garantías de impugnación”, directamente encaminadas a evitar los cuestionamientos en la “carrera por firmar los contratos”, en perjuicio de la regularidad del procedimiento y de la afectación de derechos de los oferentes. A nuestro entender ello sella la falta de credibilidad del sistema, el extravío. Tampoco se puede aspirar a que estas fallas en la faz administrativa sean relativizadas por la existencia de una tutela judicial, que muchas veces no llegará porque la vía del proceso de amparo estará cerrada por su propia excepcionalidad, mientras que el debate en juicio ordinario involucra tiempos incompatibles con la vorágine de la contratación pública, cuando además se sabe que no es fácil litigar contra quien adjudica contratos, y, además, luego valora negativamente que los oferentes mantengan litigios contra el Estado. Por eso la necesidad de un cambio sustancial.

Hace poco tiempo, la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano han revolucionado su historia, aprobando un conjunto de normas destinadas a favorecer la transparencia, el control y la concurrencia en los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos, y para ese diseño han tenido en cuenta la reglamentación que rige en el seno de la comunidad internacional, “que ya cuenta con principios y normas que inspiran la conducta y muestran la experiencia de los distintos Estados. Es útil referirse a este patrimonio normativo, con sus ‘buenas prácticas’ asociadas…”[134]

Ese patrimonio normativo entendemos que marca un rumbo muy interesante, consolidado y especializado. Entendemos que muy embrionaria e imperceptiblemente, ya estamos en ese camino. En efecto, es lo que nuestro país de momento ha aceptado en el Protocolo de Compras Públicas del Mercosur y en el Acuerdo con la Unión Europea, pero ambos están en una etapa larval.

Por eso, más allá de la suerte de esos acuerdos, que estará ligada a innumerables cuestiones de índole geopolítica que ahora no vienen al caso, lo importante es avanzar rauda y sólidamente en la idea de conocer y aprovechar tal patrimonio normativo y en especial la experiencia de los tribunales administrativos -independientes y especializados- en cuanto permitan dar tutela real, efectiva, transparente, ágil y creíble a la participación en procedimientos licitatorios, generando una renovada, moderna y rica jurisprudencia administrativa en la materia. No parece imposible, pero sí imprescindible.

[1] GIMENO FELIÚ, José María, El nuevo paquete legislativo comunitario sobre contratación pública. De la Burocracia a la Estrategia (El Contrato público como herramienta del liderazgo institucional de los poderes públicos), Pamplona, 2014, p. 39 y ss.

[2] Este último concepto resulta ser actualmente el más difundido por su amplitud, en cuanto excede al contrato administrativo e incluye todos los procedimientos de selección y contratos que celebra la Administración, quienes se encuentran bajo su dirección (“influencia dominante”) y/o aplican fondos públicos.

[3] CSJN, 16/12/2014, “Rio Negro, provincia de c/ AYCSA TENSIS S.A. y otra s/cobro de pesos”, Fallos: 337:1503 y jurisprudencia allí citada).

[4] Aspectos que muchas veces son tratados tanto en la actividad pública como en la privada, como compartimentos diferenciados, donde actúan órganos o dependencias distintas, en tanto unos intervienen en el procedimiento de selección del oferente y otros en la ejecución contractual. Más allá de que esto sea así, por diversos motivos de distribución de tareas y por el expertise de cada área, siempre parece conveniente mantener un grado razonable de interacción y de sinergias, que permita una visión completa de la contratación, para el aprendizaje y la mejora continua de ésta.

[5] VILLALBA PÉREZ, Francisca L., Nociones básicas de contratación pública”, Tecnos, Madrid, Segunda Edición, 2018, p. 13.

[6] Corte Suprema de Justicia de la Nación, 07/12/2001, Chubut, Provincia del c/ Centrales Térmicas Patagónicas S.A. s/ sumario, Fallos: 324:4199.

[7] “Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública”, aprobada por el Consejo Directivo del CLAD el 10/10/13, en cumplimiento del mandato recibido por la XV Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado Ciudad de Panamá, Panamá, 27 y 28 de junio de 2013, adoptada por la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en la Ciudad de Panamá, 18 y 19 de octubre de 2013.

[8] MEILAN GIL, José Luis, El Contrato Público como unidad (El itinerario de una investigación), Rev. de Derecho Administrativo,  N° 115, Buenos Aires, Enero –Febrero 2018, ps. 92 y 93.

[9] La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que  el procedimiento de licitación pública ha sido instituido como regla general con el propósito de que la competencia entre las distintas ofertas permita a la Administración obtener los mejores productos al precio más conveniente, y tiende a evitar la existencia de sobreprecios” (CSJN, 27/12/2006, Cardiocorp S.R.L. c/Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aries y otro s/cobro, Fallos: 329:5976).

[10] Ver CCont.Adm. Fed., SALA IV, 11/4/17, Fundación Que Sea Justicia c/ EN y otro s/ medida cautelar (autónoma), con cita de Julio R. COMADIRA. Asimismo, cuando se transgrede esta regla y se omite Ia licitación pública, queda viciado de nulidad absoluta tanto el acto de adjudicación cuanto el contrato celebrado con el contratista (Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos: 175:254; 179:249; 241:313; 294:69 316:382, entre otros).

[11] Decreto 641/18, B.O. 12/7/18.

[12] C.NAC.CONT.ADM.FED., Sala IV, 5/11/02, Warning S.A. c/Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales-INCAA s/contrato administrativo.

[13] Sancionada el 10/5/2006, promulgada de hecho el 06/6/2006, B.O. 09/6/06.

[14]  Aprobada en Nueva York el 31/10/2003. En lo que hace al principio de competencia nos remitimos a nuestro trabajo MURATORIO, Jorge I. Algunos aspectos de la competencia efectiva entre oferentes en la licitación pública, en ob. conj. Cuestiones de Contratos Administrativos, Ed. Rap, Buenos Aires, 2007, págs. 371/386.

[15] COMADIRA, Julio R., Licitación Pública, segunda edición actualizada y ampliada, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2006, p. 126, texto y nota 222.

[16] Art. 28, Ley Modelo de 2011 (Conf. conf. Resolución 66/95 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 2011).

[17] CNCont.Adm., Sala II, 24/02/15, Aquifund S.A. c/EN - M de Defensa - Ejército - Licit. Pública29/07 (Exp. 4432/5) s/Contrato Administrativo.; Sala II, 29/12/15, Operadora de Puertos Lacustres S.A. U.T.E. y otro c/E.N. -A.P.N. - Resol. 358/06 (Licitación 1/05) y Otros s/ proceso de conocimiento. Asimismo ver CANOSA, Armando N., Procedimiento Administrativo: Recursos y Reclamos, Buenos Aires, 2008, ps. 89 a 98.

[18] CNCont.Adm., Sala II, 24/02/15, Aquifund S.A. c/EN - M de Defensa - Ejército - Licit. Pública29/07 (Exp. 4432/5) s/Contrato Administrativo, con citas de CSJN, Fallos: 308:618; 311:2831; 324:4199; 327:4285, entre otros.

[19] CNCont.Adm., Sala II, Aquifund S.A., cit.

[20] Art. 3°.

[21] Art. 3°.

[22] Principios que inclusive se han extendido a los concursos (CNCAF, SALA I, 23/09/99, Castro Angel Alberto c/ Mº de Salud y Acción Social s/empleo público).

[23] Tratamos el tema más en profundidad en MURATORIO, Jorge I. Actos generales, plurindividuales y plúrimos, en obra colectiva Cuestiones Acto Administrativo, Reglamento y otras fuentes del derecho administrativo, Ed. RAP, Buenos Aires, 2008, ps. 777/787. Allí presentamos ya el ejemplo de acto plúrimo –colectivo o acumulativo- que entendemos constituye el acto de adjudicación de una licitación pública, el cual concentra diversas decisiones, que podrían tomarse separadamente, pero, al referirse todas a un mismo procedimiento administrativo, la normativa dispone refundir o acumular en un solo acto la resolución de las impugnaciones a la preadjudicación, la desestimación de las ofertas que no se ajusten al Pliego y la adjudicación en un orden de mérito.

[24] Tuvimos oportunidad de ampliar al respecto en MURATORIO, Jorge I. El dictamen jurídico en la Administración Pública Nacional, Rev. Argentina de Derecho Administrativo Nº 41, Sección Doctrina, 2002, ps. 535/571; La actividad interna de la Administración, la Organización Administrativa, El Procedimiento Administrativo y las Relaciones Interadministrativas, en obra colectiva Procedimiento Administrativo, Tomo II, La Ley, Buenos Aires, 2013, ps. 653/675. 

[25] Aprobado por la Disposición N° 62/16 de la Oficina Nacional de Contrataciones (Del 27/9/16, B.O. 29/9/16).

[26] Aprobado por la Disposición N° 63/16 de la Oficina Nacional de Contrataciones (Del 27/9/16, B.O. 29/9/16). La Corte Suprema ha reconocido expresamente que los pliegos de condiciones generales revisten condición de reglamentos (Fallos: 316:3157; 30/09/03, El Rincón de los Artistas c/ Htal. Nac. Profesor Alejandro Posadas s/ ordinario, Fallos: 326:3700).

[27] COMADIRA, Julio R. La licitación pública. Nociones. Principios cuestiones, Segunda Edición, Actualizada y Ampliada, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, “En lo que se refiere a los pliegos de bases y condiciones particulares, consideramos que tanto las cláusulas relativas al procedimiento de selección como las específicamente regulatorias del contrato revisten la calidad de generales no normativas, porque ambas clases de prescripciones son aplicables a una pluralidad, por lo menos indeterminada, de personas (los potenciales oferentes), y se consumen con su aplicación, es decir, con la sustanciación de la selección y el desarrollo del contrato.” (p. 160).

[28] CSJN, Fallos:  308:618; 311:2831 y 316:382. CNCAF, Sala II, 10/03/11, Marcelo  Viviani  y  Cía.  SA  y  otra c/ Fuerza Aérea Argentina s/Contrato de Obra Pública; Sala II, 29/12/15, Operadora  de  Puertos  Lacustres  S.A.  U.T.E.  y  otro  c/E.N. -A.P.N.  -  Resol. 358/06 (Licitación 1/05) y Otros s/ proceso de conocimiento.

[29] Art. 11.

[30] Fallos: 175:254; 179:249; 241:313; 294:69 316:382, 335:1288, entre otros.

[31] Cuando la complejidad o el monto de la contratación lo justifique (Art. 8° RCAN).

[32] Así por ejemplo la competencia de la Unidad Operativa de Contrataciones (“UOC”) para la proyección de los actos de inicio y de finalización del procedimiento licitatorio. El primero, es el que autoriza la convocatoria, la elección del procedimiento y aprobación del pliego de bases y condiciones particulares, y cuya autoridad competente para dictarlo será la que se adecue a lo competencia establecidas en el artículo 9° del RRCAN (art. 13 del MPRCAN). El segundo aprobará el procedimiento, y según el caso, se declarará desierto, cuando no se presentaren ofertas; y/o fracasado, cuando éstas resultaren inadmisibles o inconvenientes; y/o se dejará sin efecto el procedimiento o alguno de los renglones; o bien se adjudicará total o parcialmente (art. 31 del MPRCAN). Asimismo, en este acto de finalización se resolverán las impugnaciones que se hubieren formulado contra el dictamen de evaluación de las ofertas (Ídem).

[33] Dictámenes 198:140 y siguientes. En igual sentido ver COMADIRA, Julio R. Licitación Pública, 2ª Ed. Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, p. 40.

[34] El dictamen de evaluación no tiene carácter vinculante, y su finalidad es proporcionar a la autoridad competente los fundamentos para el dictado del acto administrativo con el cual concluirá el procedimiento (arts. 65 del RRCAN y 27 del MPRCAN). En el mismo sentido la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) aclara que “…el Dictamen de Evaluación es obligatorio pero no vinculante, es un consejo para la autoridad competente, brinda una recomendación, pero en definitiva es la autoridad con competencia para emitir el acto que ponga fin al procedimiento la que decidirá el destino del mismo” (Dictamen ONC N° 788 del 10/11/11). Asimismo, la emisión del citado dictamen incluye consultar el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO); verificar el cumplimiento de los requisitos que deben cumplir las ofertas y los oferentes; solicitar a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) la información relativa a si determinado oferente ha cumplido con sus obligaciones previsionales o tributarias [Conf. art. 28, inc. f), del RCAN];si existieren ofertas inadmisibles (respecto de requisitos de ofertas y oferentes) explicará los motivos fundándolos en las disposiciones pertinentes; si hubiera ofertas inconvenientes (respecto de los intereses de la contratante, en cuanto a precio, financiación u otras cuestiones), deberá explicar los fundamentos para excluirlas del orden de mérito; en cuanto a las ofertas que resulten admisibles y convenientes, deberá considerar los factores previstos por el pliego de bases y condiciones particulares para la comparación de las ofertas y la incidencia de cada uno de ellos, y determinar el orden de mérito; recomendar la resolución a adoptar para concluir el procedimiento (Art. 27 del MPRCAN).

[35] Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dictamen IF-2015-02853237-PG, 12 de febrero de 2015, IF-2017-16666186-P G, 19 de julio de 2017.

[36] Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dictamen IF-2015-02853237-PG, 12 de febrero de 2015.

[37] Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dictamen IF-2013-02178164-DGAPA 3 de junio de 2013.

[38] Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dictamen IF-2014-17820549-DGEMPP 11 de diciembre de 2014.

[39] Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dictamen IF-2016- 16769911-DGRECO, 5 de julio de 2016.

[40] Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dictamen IF-2017-16666186-P G, 19 de julio de 2017.

[41] Art. 30. En la segunda parte de dicho artículo se dispone que “Toda observación, impugnación, reclamo o presentación similar que se efectúe fuera de lo previsto en la reglamentación no tendrá efectos suspensivos y se tramitará de acuerdo a lo que determine dicha reglamentación”.

[42] Art. 6° del RRCAN. Esto incluye especialmente al Reglamento Nacional de Procedimientos Administrativos.

[43] Art. 73 del RRCAN.

[44] Arts 73 y 78 del RRCAN. Pese a que en el art. 78, inc. e), del RRCAN se utiliza la locución “dictamen de preselección”, previamente el Art. 9° del mismo régimen enumera a la preselección como uno de los actos administrativos del procedimiento de selección, lo cual, ciertamente, se halla en orden con lo previsto en el art. 11, inc. d), del RCAN.

[45] Art. 115 del RRCAN

[46] Tan es así que se ha sostenido que la regla de la licitación pública contribuye a sustentar la verosimilitud del derecho para el dictado de medidas cautelares tendientes a impedir contrataciones directas, añadiéndose que las excepciones a su respecto deben ser interpretadas restrictivamente (CCNCAF, SALA IV, 11/4/17, Fundación Que Sea Justicia c/ EN y otro s/ medida cautelar (autónoma)”.

[47] Art. 18 RCAN. Al respecto la Procuración del Tesoro de la Nación ha señalado que Como surge de su lectura, dicha norma procura prevenir el llamado direccionamiento, es decir el establecimiento, bajo la apariencia de un procedimiento licitatorio ajustado a derecho, de cláusulas proyectadas para frustrar esa competencia, y que sólo un interesado o grupo pueda cumplirlas, o cuente con ventajas indebidas. La comprobación fáctica de esa circunstancia, según el criterio plasmado por el Órgano Rector, habilita a revocar por ilegitimidad no sólo la adjudicación que se hubiera hecho, sino la contratación que se encuentre en ejecución. Dicha práctica, como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia, atenta …contra los principios básicos de los procedimientos públicos de selección como la licitación y el concurso, en especial, los de libre concurrencia e igualdad, que no sólo tienden a resguardar el derecho de los oferentes o participantes en procedimientos de ese tipo, sino también el interés público comprometido en la debida elección de quienes resultarán adjudicatarios (Fallos 327:4185)”. (Procuración del Tesoro de la Nación, Dictamen del 12/6/17, Plan Qunita).

[48] Previsto en el art. 24 inc. a) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549  y arts. 73, 83 y ccdtes. del RNPA. Así, tiene dicho la jurisprudencia que “[e]l mecanismo común para la impugnación administrativa de actos de alcance general es el "reclamo impropio" ya que es a tal naturaleza de remedio a la que alude el art. 24, inc. a) de la ley nº 19.549 y el art. 83 de su reglamentación (conf. Barra, Rodolfo: "La potestad reglamentaria de la Administración", en Revista Régimen de la Administración Pública, nº 1, págs.24 y ss.; Hutchinson, Tomás: "La Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, Ley 19.549, Comentada, anotada y concordada con las normas provinciales", Ed. Astrea, Bs. As. 1987, tomo 1, pág. 457); y no el recurso y por ello no existe plazo alguno ni para la interposición…”, CNCAF, Sala V,  25/10/95,  Causa N° 40.093/94 Distribuidora de Gas del Centro S.A. c/ Mº de Economía Y O.S.P. -Resol.1063/94- (ENARGAS 5/93, 16/93); asimismo Sala III, 11/12/06, "Jugos  del  Sur  S.A.  c/ Estado Nacional (P.E.N.) s/ Juicios de Conocimientos". En el mismo sentido Procuración del Tesoro de la Nación, Dictámenes: 244:201 y 279:215, entre otros. También ver COMADIRA, Julio Rodolfo, ESCOLA, Héctor   Jorge   y  COMADIRA,  Julio  Pablo,  "Curso  de  Derecho Administrativo", Abeledo Perrot, 1º ed. T. I, p. 844.

[49] Art. 12 LNPA. Tratamos en detalle el alcance de este artículo y la necesidad de su reglamentación, en MURATORIO, Jorge I. La suspensión por la administración pública nacional de los efectos del acto administrativo, Rev. de Derecho Administrativo, N° 105, Buenos Aires, 2016, ps. 537-552.

[50] Conf. art. 13 de la Ley 26.854 de Medidas Cautelares en las causas en las que es parte o interviene. Allí se prevé que “La suspensión de los efectos de una ley, un reglamento, un acto general o particular podrá ser ordenada a pedido de parte cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos: a) Se acreditare sumariamente que  el cumplimiento o la ejecución del acto o de la norma, ocasionará perjuicios graves de imposible reparación ulterior; b) La verosimilitud del derecho invocado; c) La verosimilitud de la ilegitimidad, por existir indicios serios y graves al respecto; d) La no afectación del interés público; e) Que la suspensión judicial de los efectos o de la norma no produzca efectos jurídicos o materiales irreversibles. 2. El pedido de suspensión judicial de un reglamento o de un acto general o particular, mientras está pendiente el agotamiento de la vía administrativa, sólo será admisible si el particular demuestra que ha solicitado la suspensión de los efectos del acto ante la Administración y que la decisión de ésta fue adversa a su petición, o que han transcurrido cinco (5) días desde la presentación de la solicitud sin que ésta hubiera sido respondida”.

[51] Conf. arts. 43 CN y ley 16.986 en cuanto no ha sido derogado por el primero. Rige además aquí el plazo de caducidad de quince días hábiles judiciales a la fecha en que el acto fue ejecutado o  debió  producirse,  para la interposición de la acción [Art.  2,  inc.  e), de la ley 16.986, CNCont.Adm., Sala III,   31/10/12 in  re  Smaug  SA c/EN-AFIP-Resol   2/11  (RDEX)-RG  2000)  s/Amparo  Ley  16.986 y 22/12/15 in re ROJAIJU S.R.L. c/ EN- AFIP s/Amparo Ley 16.986", Sala I, 22/05/1996, in re Ayudin  SA, y Sala II, del 13/03/01 in re Río Barracas]. Ese plazo  ha  sido considerado razonable y ajustado a la Constitución Nacional  (CNCyCFed., en  pleno, 03/06/99, Causa 37.575/95, in re Capizzano de Galdi, CNCont.Adm.Fed, Sala I, 22/02/01, Causa  23.459/2000,  in  re  Carlos Berisso S.C.A. c/E.N. (M° deJusticia  y  DDHH)  Jefatura de Gabinete M.S. Dec. 55/00 s/amparo ley  16.986, y Sala IV, Causa 34646/00, in re Romero Clodomiro.

[52] La Ley 26.854 no es aplicable a los procesos regidos por la ley 16.986, salvo respecto de lo establecido en cuanto al informe previo a requerir a la Administración en el plazo de 3 días, su vigencia temporal, posibilidad de modificación y la procedencia de la inhibitoria del juez (Conf. Art. 19 de la Ley 26.854).

[53] La jurisprudencia resalta que la  acción  de  amparo  es un proceso excepcional,  tan  sólo  utilizable  en  las delicadas y extremas situaciones  en  las  que  peligra  la  salvaguarda  de  derechos fundamentales;  y requiere para su apertura circunstancias de muy definida  excepción,  tipificadas   por   la   presencia   de arbitrariedad,  irrazonabilidad  o  ilegalidad  manifiestas  que configuren  -ante  la  ineficacia  de los procesos ordinarios- la existencia  de  un  daño  concreto  y  grave,  sólo eventualmente reparable  por  esta  acción  urgente  y expedita (CNCONT.ADM.FED., Sala I, 9/04/19, Recio,  Juan  M.  c/Hospital  Nacional  Profesor  Alejandro Posadas S/Amparo Ley 16.986 y fallos allí citados).

[54] Así, dispone el Art. 52 del RRCAN que “La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el procedimiento de selección al que se presente, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta”.

[55] Procuración del Tesoro de la Nación, Dictámenes 211:370, 259:415, 282:1; 302:325.

[56] COMADIRA-ESCOLA, ob. cit., T. I, p. 848

[57] Al respecto se ha entendido en jurisprudencia que en tanto el  procedimiento  que  regla  la  manifestación  de  la voluntad contractual administrativa es  la  adhesión  del  cocontratante a cláusulas  prefijadas  por  el Estado, la fusión de voluntades se opera   sin  discusión,  porque  el  oferente  debe  aceptar  las cláusulas   contractuales   preparadas   y   redactadas   por  el licitante, y, en caso contrario, la oferta resultaría inadmisible y la  adjudicación estaría viciada de ilegitimidad, CNCAF, Sala V, 21/07/06, Gardebled  Hnos  S.A.  y  otro  c/  Ferrocarriles  Argentinos s/Contrato de Obra Pública, del voto del juez Morán, cons. VIII, con cita de Fallos: 308:618. En esa misma línea se ha sostenido que los que tienen interés  en  ofertar,  deben ajustar su cometido al contenido y a los  límites  de  los pliegos sin que les asista el derecho a que aquéllos   se  redacten  a su conveniencia, pues estos sólo deben garantizar  los  principios  básicos  de  la licitación, “En otros términos,   nadie  está obligado a presentarse a la licitación si considera  que  se  trata  de un negocio que podría no convenirle (CNCAF, Sala II, 3/10/06, Ganmar S.A.  c/ Licitación 5/06 Terminal n° 6 s/ medida cautelar autónoma).

[58] Conforme el art. 66 del RRCAN, entre las causales de desestimación no subsanables de la oferta, se encuentra el contener condicionamientos y/o cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación (Incs. h e i ).

[59] Fallos 305:826, 307:354, 331:901. Procuración del Tesoro de la Nación, Dictámenes 302:395 y los allí citados.

 

[60] De modo que debería bastar con la observación de legalidad frente a un acto preparatorio, no siendo necesario interponer una impugnación para que las autoridades -impuestas oportunamente de los vicios existentes en dicho acto- puedan luego conocer y resolver el recurso administrativo interpuesto contra el acto administrativo que se basara en aquel acto preparatorio (Conf. Corte Suprema de Justicia de la Nación 26/11/1985, “Mevopal S.A. y otra c/Banco Hipotecario Nacional”, Fallos: 307:2216; 21/10/1986, “OKS Hermanos y Cía SACI y Financiera c/Yacimiento Minero Aguas de Dionisio s/ordinario y 26/10/93 “Serra, Fernando H. y otro c/Municipalidad de Buenos Aires”, Fallos: 316:2454; Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, 11/3/09,  “Condesa del Mar”).

[61] Se prevé en el art. 115, inc. b), ap. 10, que corresponde al Órgano Rector proponer políticas de contrataciones y de organización del sistema, especialmente a fin de promover el estricto cumplimiento de los principios generales a los que debe ajustarse la gestión de las contrataciones públicas, a cuyos efectos tendrá amplias facultades, tales como organizar las estadísticas, para lo cual requerirá y producirá la información necesaria a tales efectos.

[62] C.NAC.CONT.ADM.FED., SALA I, 9/05/96 Scania Argentina S.A. s/ apelación -I.V.A., con cita de la Corte Suprema, Fallos: 243:465; 251:78; 252: 134  242:501y 249:51.

[63] Aprobada por el Consejo Directivo del CLAD el 10/10/13, en cumplimiento del mandato recibido por la XV Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado Ciudad de Panamá, Panamá, 27 y 28 de junio de 2013, adoptada por la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en la Ciudad de Panamá, 18 y 19 de octubre de 2013. (Ver http://www.clad.org/)

[64] C.NAC.CONT.ADM.FED., Sala IV, 28/12/98, Frimca S.A. –R.Q.U. c/Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Consid. IX, LL 1999-E,239). Ver CANOSA, Armando N., Diez propuestas para la modernización del procedimiento administrativo en la Argentina, Derecho Administrativo, Rev. de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 2016, N°105.

[65] SCJPBA, 12/10/05, causa EBIC S.A. contra Municipalidad de Maipú. Demanda contencioso administrativa, Voto del Dr. Soria.

[66] Art. 1°, inc. 5°:  “Los Estados miembros podrán exigir que la persona interesada interponga recurso en primer lugar ante el poder adjudicador. En tal caso, los Estados miembros velarán por que la interposición de dicho recurso conlleve la suspensión inmediata de la posibilidad de celebrar el contrato”.

[67] Art. 65, inc. 1°.

[68] DIAZ BRAVO, Enrique, El recurso en materia de contratación pública en el derecho europeo y su aplicación en España, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2019, p. 122 y sgtes.

[69] DIAZ BRAVO, Enrique, El recurso…, cit, ps. 81, 123.

[70] Considerando 4° de la Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, por la que se modifican las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo en lo que respecta a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos

(Texto pertinente a efectos del EEE).

[71] Esto ha llevado por ejemplo y a través de la mencionada Directiva 2007/66/CE a establecer un plazo suspensivo mínimo del procedimiento, que permita a los interesados y oferentes impugnar actos licitatorios que los afecten de modo eficaz, inclusive otorgando efecto suspensivo a la interposición del recurso cuando se presenta ante la misma entidad donde se dictó el acto.

[72] RAIGORODSKY, Nicolás El estado de las contrataciones: mapa de condiciones de transparencia y accesibilidad en las adquisiciones públicas / Nicolás Raigorodsky; dirección investigación Vanesa Del Boca – 2ª ed. – Buenos Aires: Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Oficina Anticorrupción; Embajada Británica; UNDP; 2007.176 ps.

[73] Además, desde otro punto de vista, es también justificable la eliminación de todo obstáculo a la presentación de impugnaciones en las etapas procedimentales previstas para ello debido a que aquéllas funcionan como un mecanismo de control del actuar de la propia Administración e, incluso, de los mismos oferentes. Como bien se ha apuntado, la ausencia de impugnaciones cruzadas entre estos o de los actos emitidos por el órgano contratante pueden ser indicativos de la celebración de acuerdos anticompetitivos entre los oferentes. La existencia de barreras para impugnar puede ser, así, invocada como la razón de la falta de impugnaciones.

[74] ONC, Dictamen N° 817/12.

[75] ONC, Dictamen N° 788/11.

[76] DIAZ BRAVO, Enrique, El recurso…, cit., ps. 98 y 99 con citas de Albert SANCHEZ GRAELLS, Christopher H. BOVIS y José Antonio MORENO MOLINA.

[77] Desarrollamos más extensamente esta temática en MURATORIO, Jorge I. Improcedencia de la garantía de impugnación de la preadjudicación, en Rev. Argentina de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 2006, ps. 1144/1151.

[78] BERCAITZ, Miguel A., Teoría General de los Contratos Administrativos, Buenos Aires, 1980, pgs. N° 149, ps. 337 y 338.

[79] MORENO MOLINA, José Antonio, La regulación de las garantías exigibles en la contratación del sector público, en obra colectiva Observatorio de los Contratos Públicos 2017, GIMENO FELIÚ, José María (Director), Pamplona, 2018, p. 58 con cita de CASTILLO BLANCO, Federico, RODRIGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime y ALVAREZ BARBEITO, F.J. 

[80] PTN, Dictamen Nº IF-2020-04703646-APN-PTN. 21 de enero de 2020. Expte. PTN Nº EX-2018-46571835-APN-DCME#MECCYT. Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. (Dictámenes 312:121).

[81] ONC, Dictamen IF-2017-22702545-APN-ONC#MM.

[82] Ídem.

[83] Ídem.

[84] B.O. 5/6/00.

[85] Art. 80.

[86] Del 07/6/12, B.O. del 14/6/12.

[87] Arts. 93 y 100, inc. a) del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional”, aprobado por el Decreto 893/12. Por su parte la Oficina Nacional de Contrataciones aclaró que sólo servirían de antecedentes las impugnaciones impetradas entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de cada año (Dictamen 957/12) en el ámbito del propio organismo (Dictamen 111/14) y que dicha garantía no se encontraba incluida en las excepciones a la presentación de garantías establecidas en el artículo 80 del RRCAN -Decreto N° 1030/16- (Dictamen IF-2017-22702545-APN-ONC#MM). No compartimos este criterio de tarifar las impugnaciones por una suerte de cupo, ciertamente genérico y desprovisto de mayor análisis que lo justifique, la defensa de los derechos procede cuando se los vulnera, no por cupo.

[88] Art. 100, inc. b) del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional”, aprobado por el Decreto 893/12.

[89] REJTMAN FARAH, Mario, Avances, retrocesos y algunas ambigüedades en la nueva reglamentación del Régimen de contrataciones de la Administración Nacional, en Derechos, garantías y potestades en los contratos públicos, Ediciones Rap, abril de 2014, pág. 313.

[90] Arts. 73 y 78, inc. d) del RRCAN. Asimismo, si se recibieran impugnaciones al dictamen de evaluación de las ofertas, la Unidad Operativa de Contrataciones deberá verificar si se constituyó la pertinente garantía, y, de no haberse constituido o de haberlo hecho en forma indebida se deberá intimar al impugnante a subsanarla dentro del término mínimo de dos días de notificado, procediendo de lo contrario su rechazo sin más trámite (Art. 29 del RPRCAN). La ONC ha aclarado que por aplicación del principio de centralización de las políticas y de las normas y de descentralización de la gestión operativa, aquélla no posee facultades para decidir sobre la procedencia de las impugnaciones presentadas en el marco de un procedimiento de selección, por cuanto dicha decisión es exclusiva del organismo licitante (v. Dictámenes ONC Nros. 565/10, 589/10, 602/1, 614/10, 639/10, 92/14, 94/14, 486/14, 187/15 y 32/16, IF-2017-06755277-APN-ONC#MM del 19/4/17, entre otros).

[91] La ONC ha entendido que en una licitación de etapa múltiple y en función de lo establecido en los arts. 65, 66 y 68 del Manual de Procedimiento aprobado por Disposición ONC 22/2019 (B.O. 2/8/19), solo es objeto de impugnación -por oferentes e interesados, dentro de los dos días hábiles administrativos de notificado y previa integración de la garantía correspondiente- el dictamen de preselección, mas no el dictamen de evaluación de ofertas, en tanto ello no ha sido allí previsto (Dictamen ONC Nº IF-2018-47790585-APN-ONC#JGM, del 26/9/18).

[92]

[93] Art. 6.14. “Impugnaciones al Dictamen de evaluación”, del Pliego Único.

[94] Art. 6.15 “Garantía de Impugnación”, del Pliego Único.

[95] Arts. 6.15 y 7.2 del Pliego Único.

[96] Dictamen IF-2017-22702545-APN-ONC#MM

[97] PTN, Dictamen Nº IF-2020-04703646-APN-PTN del 21/1/20, Dictámenes 312:121, con cita de Dictamen ONC IF-2017-22702545-APN-ONC#MM

[98] MURATORIO, Jorge I. Improcedencia de la garantía de impugnación de la preadjudicación, en Rev. Argentina de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 2006, ps. 1144/1151.

[99] En efecto, la Procuración se aparta de lo dicho en aquélla oportunidad porque entiende que ahora las garantías de impugnación tienen sustento normativo tanto en los arts. 73 y 78 del RRCAN, 29 y 30 del Manual de Procedimiento aprobado por Disp. ONC 62/16 y 31 y 32 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales de la Administración Pública Nacional aprobado por Disp. ONC N° 63/16.

[100] Licitación Pública, cit., ps. 45 a 47. Expresa COMADIRA sobre la temática atinente a exigir el pago de garantías como condición para deducir impugnaciones contra los actos de preselección, preadjudicación y adjudicación:  “A nuestro juicio, esa exigencia contradice principios esenciales del procedimiento administrativo, en especial recursivo, respecto de los cuales no existe motivo alguno para apartarse en el ámbito de la licitación pública”. “En efecto, además de no guardar coherencia con la característica de gratuidad propia, en general, del procedimiento administrativo, contradice, también, la idea de considerar al particular (en el caso, oferente) como un colaborador de la Administración, aún cuando concurra a la defensa de sus derechos subjetivos”. “Así, pues, cabe preguntar: si el particular es, por definición colaborador de la Administración en el procedimiento administrativo, incluso en el ámbito recursivo, ¿por qué, entonces, deberá garantizar económicamente su participación?” “¿Los recursos administrativos, no son, acaso, además de un medio de defensa de intereses individuales, un procedimiento de autocontrol de la Administración en la búsqueda de la verdad, la justicia y la eficacia?”“ ¿Cuál es el sentido de poner obstáculos a esa participación privada? Se dirá que con tales exigencias monetarias se disuaden las impugnaciones obstruccionistas y se provee, así, a la celeridad de trámite administrativo.” “Desde nuestro punto de vista, las impugnaciones particulares no deben ser valoradas, institucionalmente, como obstrucciones al accionar administrativo. Ciertamente puede haberlas de esa clase; y, en realidad, la experiencia administrativa lo demuestra. Sin embargo, la regulación recursiva no puede partir de esa base patológica, porque la regla, en nuestra opinión, sigue siendo la contraria.” “Por lo demás: ¿no brinda el art. 12, LNPA, al consagrar como principio el efecto no suspensivo de los recursos administrativos y contemplar, asimismo, las excepciones a él, un instrumento adecuado para que el accionar administrativo no se entorpezca indebidamente a causa de los cuestionamientos a causa de los cuestionamientos privados?” “En nuestra opinión, la exigencia de garantías de impugnación en el ámbito del procedimiento licitatorios es contradictoria con la esencia misma del procedimiento administrativo recursivo y, además, conspira con la transparencia del ejercicio de la función administrativa del Estado, consagrada expresamente como principio general en gestión de las contrataciones, en el art.3, inc. c), del decreto 1023/2001.”

[101] Dictamen 117 del 03/5/06, Dictámenes 257:151.

[102] Tal como en el proceso judicial lo habilita el segundo párrafo del art. 68 del Código procesal Civil y Comercial de la Nación.

[103] SILVERIO GUZMÁN, Alfredo “La licitación pública y sus distintas fases en el nuevo régimen de contrataciones administrativas”, Lexis Nexis, Rev. de Der. Adm., N° 39, Buenos Aires, 2002, p. 121.

[104] Ver MONTI, Laura “Las categorías jurídicas de la preadjudicación y la precalificación en el ámbito de la licitación pública”, LL-2000-C, 112.

[105] COMADIRA, ob. y lug. cits.

[106] En el dictamen de la Procuración en comentario se sostiene el efecto no suspensivo de tales impugnaciones pero ha de tenerse presente que se ha propiciado en doctrina la solución contraria “por el juego de los artículos 48 y 80 del propio Decreto 436/2000 y del Artículo 30 del Decreto 1023/2001”, ver FARRANDO, Ismael “El efecto suspensivo de las impugnaciones en el Régimen de Contrataciones (Decreto delegado 1023/2001)”, en “Cuestiones de Procedimiento Administrativo”, RAP, Buenos Aires, 2006, p. 173.

[107] DRUETTA, Ricardo T., Garantía de impugnación en los procesos de selección del cocontratante, en obra colectiva  Procedimiento Administrativo, Ed. Cs. de la Adm., 1998, ps. 26/27.

[108] Dictámenes 204:169.

[109] GORDILLO, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, T. I, XII-41.

[110] Cámara Contencioso Administrativo de Córdoba,  sala 2ª, recaída con fecha 12/4/06 en los autos “Internacional Dina S.A. v. Provincia de Córdoba”.

[111] Seminario Internacional, “Discrecionalidad en las contrataciones públicas, Fundación Poder Ciudadano (Capítulo Argentino de Transparencia Internacional), Octubre 2007, disponible en www.poderciudadano.org

[112] OFICINA ANTICORRUPCIÓN, El Estado..., cit., p. 87.

[113] TAWIL, Guido S. “El fin de la garantía de impugnación en materia licitatorio?, ED, ejemplar del 30/3/07.

[114] CNCAF, Sala I, 20/4/17, Causa nº 4161/2005 “Sebastián Maronese e Hnos SA y otro c/ EN- PJN- D AF Resol 466/04 (Consejo Magistratura) y otro s/ contrato administrativo”. Se trataba de una licitación pública convocada por el Consejo de la Magistratura para la realización de la obra pública de “renovación

de cubiertas y colectores” de un edificio, bajo un pliego de Condiciones Particulares que exigía la constitución de una garantía de impugnación -uno por ciento (1%) del monto del presupuesto- para la interposición de un recurso jerárquico contra las resoluciones de la Administración General del Poder Judicial de la Nación en las adjudicaciones realizadas con motivo de contrataciones administrativas. Ante la rescisión del contrato, la comitente extendió aquella garantía de impugnación a este supuesto, lo cual fue cumplido por la contratista, quien luego reclamó su devolución, admitida por la Cámara de apelaciones, sosteniendo que  tal garantía no aplicaba al recurso jerárquico contra el acto de rescisión, pues solo estaba previsto para la adjudicación y otros actos dentro del procedimiento de selección

 

[115] Aprobado por la resolución 58/4 de 31 de octubre de 2003 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. (www.unodc.org).

[116] Artículo 9°, inciso 1°, de la CUNAC.

[117] Art. 25 “Domestic Review Procedures” del Capítulo “Government Procurement” del “Nuevo acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur Acuerdo de principio Bruselas, 1 de julio de 2019”, textos en http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2048.

[118] Seguidamente transcribimos el texto del Art. 25, mencionado Capítulo de Contrataciones públicas: “1. Each Party shall establish or maintain timely, effective, transparent and non discriminatory administrative or judicial review procedures through which a supplier may present a challenge with respect to the obligations under this Chapter of a Party and its entities that may arise in the context of a covered procurement, in which the supplier has, or has had, an interest. The procedural rules for all challenges shall be in writing and made generally available. 2. Each Party may foresee in its domestic leg islation, that in the event of a complaint by a supplier arising in the context of covered procurement, the Party concerned shall encourage its procuring entity and the supplier to seek resolution of the complaint through consultation. The procuring entity shall accord impartial and timely consideration to any such complaint in a manner that is not prejudicial to the supplier's participation in ongoing or future procurement or right to seek corrective measures under the administrative or judicial review pro cedure. 3. Each supplier shall be allowed a sufficient period of time to prepare and submit a challenge,

which in no case be less than 10 days from the time when the basis of the challenge became known or reasonably should have become known to the supplier. 4. Each Party shall establish or designate at least one impartial administrative or judicial Each Party shall establish or designate at least one impartial administrative or judicial authority that is independent of its procuring entities to receive and review a challenge by a supplier authority that is independent of its procuring entities to receive and review a challenge by a supplier arising in the context of a covered procurement.arising in the context of a covered procurement. 5. Where a bodWhere a body other than an authority referred to in paragraph 4 initially reviews a challenge, y other than an authority referred to in paragraph 4 initially reviews a challenge, the Party shall ensure that the supplier may appeal the initial decision to an impartial administrative the Party shall ensure that the supplier may appeal the initial decision to an impartial administrative or judicial authority that is independent of the procuring entity whor judicial authority that is independent of the procuring entity whose procurement is the subject of ose procurement is the subject of the challenge. A review body that is not a court shall either be subject to judicial review or have the challenge. A review body that is not a court shall either be subject to judicial review or have procedural guarantees that provide for:procedural guarantees that provide for:

a. the procuring entity shall respond in writing to the challenge and disclose all rthe procuring entity shall respond in writing to the challenge and disclose all relevant elevant documents to the review body;documents to the review body; b. the participants to the proceedings (hereinafter referred to as "participants") shall have the participants to the proceedings (hereinafter referred to as "participants") shall have the right to be heard prior to a decision of the review body being made on the challenge;the right to be heard prior to a decision of the review body being made on the challenge; c. the participants shall have the rigthe participants shall have the right to be represented and accompanied;ht to be represented and accompanied;

d. the participants shall have access to all proceedings; andthe participants shall have access to all proceedings; and e. the participants shall, have the right to request that the proceedings take place in public the participants shall, have the right to request that the proceedings take place in public and that witnesses may be presented; andand that witnesses may be presented; and f. decisions or recommendadecisions or recommendations relating to challenges by suppliers shall be provided, tions relating to challenges by suppliers shall be provided, within a reasonable time, in writing, with an explanation of the basis for each decision or within a reasonable time, in writing, with an explanation of the basis for each decision or recommendation.recommendation. 6. Both Parties shall adopt or maintain procedures that provide for:Both Parties shall adopt or maintain procedures that provide for: a. rapid interim measurapid interim measures to preserve the supplier's opportunity to participate in the res to preserve the supplier's opportunity to participate in the procurement. Such interim measures may result in suspension of the procurement process. procurement. Such interim measures may result in suspension of the procurement process. The procedures may provide that overriding adverse consequences for the interests concerned, The procedures may provide that overriding adverse consequences for the interests concerned, including including the public interest, may be taken into account when deciding whether such the public interest, may be taken into account when deciding whether such measures should be applied. Just cause for not acting shall be provided in writing; andmeasures should be applied. Just cause for not acting shall be provided in writing; and b. corrective action or compensation for the loss or damages suffered, which may be corrective action or compensation for the loss or damages suffered, which may be limited to elimited to either the costs for the preparation of the tender or the costs relating to the ither the costs for the preparation of the tender or the costs relating to the challenge, or both, if a review body determines that there has been a breach or a failure as challenge, or both, if a review body determines that there has been a breach or a failure as referred to in paragraph 1.referred to in paragraph 1”.

[119] Se prevé allí que un recurso de revisión ante un órgano independiente, que puede presentar todo proveedor o contratista respecto una decisión o medida adoptada por la entidad adjudicadora en el curso de la contratación, o reconsidere el hecho de que dicha entidad no haya emitido tal decisión, o bien directamente un recurso de revisión (Artículo 67 de la Ley Modelo, conf. Resolución 66/95 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 2011).

[120] GIMENO FELIÚ, José María, La reforma comunitaria en materia de contratos públicos y su incidencia en la legislación española. Una visión desde la perspectiva de la integridad, en VII Jornadas de Derecho Administrativo Iberoamericano, 2015, p. 41.

[121] De especial interés para el conocimiento y opinión sobre la actuación de estos tribunales, es la labor desarrollada por el Observatorio de Contratación Pública dirigido por José María GIMENO FELIÚ, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y por José Antonio MORENO MOLINA, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha, que puede consultarse en su página web http://www.obcp.es/  y publicaciones realizadas.

[122] Conf. Memoria del 2018 TACRC, disponible en https://www.hacienda.gob.es/TACRC/Documentos/MEMORIA%20TACRC%202018.pdf

[123] Art. 47.2 TRLCSP.

[124] Art. 47.3 TRLCSP.

[125] Art. 141.2 y 3 LAP.

[126] Art. 48 TRLCSP.

[127] Art. 47.4 TRLCSP.

[128] Art. 47.5 TRLCSP

[129] Art. 44 de la LCSP.

[130] Art. 53 de la LCSP, con remisión al art. 56.3 de la LCSP.

[131] Ver DÍAZ BRAVO, Enrique, La Tutela cautelar en el recurso especial en materia de contratación: análisis de jurisprudencia del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía sobre la suspensión del procedimiento, en

[132] MEILAN GIL, José Luis, El Contrato Público como unidad (El itinerario de una investigación), Rev. de Derecho Administrativo,  N° 115, Buenos Aires, Enero –Febrero 2018, p. 91

[133] FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón El contrato administrativo en el escenario español y europeo, en Revista de Derecho Administrativo (RDA) Enero Febrero 2020, N° 127, p. 92.

[134] Carta apostólica en forma de «Motu Proprio» del Summo Pontífice Francisco, 19/5/20, Sobre la transparencia, el control y la competencia en los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano, Boletín de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, 1 de junio de 2020, disponible en http://www.vatican.va/content/vatican/it.html

 

 

Trabajo publicado en  Revista de Derecho Público, Tomo II, “Poder Ejecutivo”, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 2021, ps. 237-281.

Autor

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Jorge I. Muratorio

Director del Observatorio de la Contratación Pública de la Universidad Austral