“Sin sentido crítico de nada sirve el estudio ni hay posibilidad de progreso o avance científico o social”. Lorenzo MARTIN-RETORTILLO BAQUER (El vía crucis de las libertades públicas. Ed. Cuadernos para el dialogo, S.A., Madrid, 1976, p. 126).

Brasil tiene una nueva legislación general sobre contratación pública. Sin embargo, a pesar de unas buenas novedades, la sensación de oportunidad perdida flota en el aire.

El objeto de este trabajo consiste en repensar las contrataciones públicas desde la óptica de los preceptos constitucionales, en el convencimiento de que dicha porción de la actividad del Estado -que se encuentra destinada a satisfacer el bien común- se nos presenta en la actualidad con múltiples desafíos.

Particularmente analizaré dos fenómenos: (i) el uso de la inteligencia artificial por parte del Estado, como herramienta al servicio de la comunidad y (ii) la concientización sobre la importancia de desarrollar las actividades públicas ponderando tanto las variables económicas como las sociales y ambientales, de modo de lograr comportamientos sustentables y comprometidos con los derechos fundamentales y la dignidad del ser humano.

En el presente ensayo, analizaremos el único caso de colusión consolidado y resuelto por el Estado ecuatoriano, en el marco de un derecho administrativo y judicial impregnados del estado constitucional de derechos convencionalizados.

A partir de estas breves consideraciones, imprescindibles para comprender la importancia del tema, intentaremos desentrañar los aspectos salientes del régimen jurídico de la Hidrovía, principalmente, en lo que respecta a la posible estructuración de la próxima concesión. En tal sentido, desde una perspectiva eminentemente jurídica, se abordará la reciente normativa emitida por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) a fin de dilucidar los extremos de la concesión en ciernes, tomando en consideración las reglas vigentes en la materia.

A partir de estas reflexiones, pretendemos abordar los potenciales usos de la blockchain en la contratación pública, como un sistema descentralizado que permite asentar registros electrónicos, garantizando transparencia, seguridad, inalterabilidad y participación, con reducción de tiempos y costos. Es clave comprender su utilidad

En efecto, para asegurar los principios que exige la buena administración en materia de contrataciones públicas, entendemos esencial  que no sean las mismas autoridades comprometidas –y urgidas en con esa “anómala celeridad” o “carrera por firmar los contratos”- por el procedimiento licitatorio –las más de las veces bajo un criterio formal y adversarial que impide desentrañar la verdad objetiva-, quienes resuelvan tales planteos de los interesados, oferentes e inclusive contratistas, sino otras autoridades, que con independencia y objetividad atiendan fundadamente todos los intereses que confluyen en el caso.